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TRIBUNA

La tarifa eléctrica para 1999

A lo largo de los últimos meses no he ocultado nunca mi fascinación por la brillantez del ejercicio de ilusionismo que han mostrado las empresas eléctricas al solicitar al Gobierno que cambie la Ley para poder cobrar un billón de pesetas por anticipado. Nadie puede negar que la presentación ha sido muy atractiva para cualquier espectador: si los consumidores pagan por adelantado esa cantidad, yo me comprometo a bajar las tarifas y a aumentar la liberalización. ¿No es maravilloso que, aunque las eléctricas se lleven nuestro dinero, se consiga que todos paguemos menos y aumente nuestra libertad?Su habilidad consiste en presentar la petición del billón como contraprestación de la bajada de tarifas y del avance en la liberalización. Con ello se intenta desviar la atención hacia efectos positivos, al tiempo que se oculta que la modificación de la Ley vigente retrasa el proceso de reducción de tarifas y el avance en la liberalización. Se oculta también que en la enmienda no hay una sola línea por la que se aumente la competencia entre las empresas eléctricas. Pero éste es el secreto de los buenos ilusionistas: llevar la atención del público hacia otro lado, mientras uno hace lo que le interesa sin que el público se dé cuenta. El truco es sutil y sofisticado, no consiste en que no se liberalice y no bajen las tarifas, porque entonces se habría dado cuenta todo el mundo, sino en que se liberaliza menos y bajan las tarifas menos de lo que hubiera sido posible si la Ley actual se hubiera dejado sin modificar. Durante estos dos meses, la Comisión Nacional del Sistema Eléctrico (CNSE), el ente regulador independiente del sector eléctrico, que está formado por siete miembros del Consejo de Administración y por sesenta profesionales dedicados exclusivamente a estudiar el sector eléctrico, ha sido incapaz de convencer al Gobierno y al Senado de que, si se cambia la Ley tal como solicitan las empresas eléctricas, se perjudicará a los consumidores, se retrasará la competencia y se hipotecará a los próximos Gobiernos que quisieran modificar esta decisión en el futuro.

Me consuelo pensando que el fallo no ha estado en la CNSE, ni quizá tampoco en el propio Gobierno y el Senado, sino en la forma en que se ha discutido este cambio legislativo tan trascendental. Estoy convencido de que si, como sucede en otros países donde existen Comisiones reguladoras independientes, se hubiera discutido pausadamente y aportando documentos, nunca se habría aceptado la desmesurada petición de las empresas eléctricas.

Todavía, cuando escribo este artículo, ni Unesa ni el Ministerio de Industria han presentado un solo documento que explique por qué se solicita esa cantidad. Nos han dicho cuál es la cifra -1.300.000 millones de pesetas- que han pactado entre ellos, al margen de los demás interesados y del ente regulador independiente, pero nadie sabe por qué han acordado esa cantidad y no otra. ¿Por qué no diez billones de pesetas o mil pesetas en vez de un billón? Se ha dicho a la prensa que han hecho cálculos, pero no se ha aportado ninguno que el ente regulador independiente pueda, no solo refutar sino, al menos, analizar.

Pero he aquí que lo que ha sido incapaz de hacer la CNSE en dos meses lo ha conseguido en un solo día el propio Ministerio de Industria al proponer la revisión tarifas para 1999. Como esos aguafiestas que nos revelan el truco de los prestidigitadores, la propuesta de tarifas del Ministerio de Industria ha deshecho el encantamiento. Ahora, al examinar la tarifa que se propone para 1999, nos damos cuenta de que, si no se cambiara la Ley 54/1997 y se aplicara el Protocolo de 1996 -que son decisiones del Gobierno del Partido Popular que fueron informadas favorablemente por la CNSE-, la tarifa eléctrica habría bajado en 1999 en torno a un 8%, como consecuencia de la caída de los tipos de interés y del aumento de demanda. Sin embargo, si se aprueba la enmienda y se cambia la Ley, la tarifa bajará sólo un 2,5%, porque no podrá reducirse un 4,5% adicional a causa del recargo.

Tanto el aumento de demanda como la caída de tipos tienen una dimensión histórica y por eso exigen una reducción de tarifas también histórica. En diciembre se ha superado por tres veces el record de demanda eléctrica.

Y en cuanto a los intereses, su caída tiene efectos muy importantes en las cuentas de resultados de las empresas eléctricas, porque sus activos suman más de siete billones de pesetas. El aumento de demanda y la caída de tipos les supone a las empresas eléctricas un ahorro de 160.000 millones de pesetas al año, lo que permitiría bajar la tarifa un 7,8%.

El Protocolo de 1996 obliga a reducir las tarifas eléctricas de acuerdo con la evolución de la demanda y de los tipos de interés. Pero esto no será posible si el Parlamento accede a la petición de las empresas eléctricas de cambiar la Ley 54/97. Las tarifas bajarán, pero no se reducirán lo que las mismas empresas aceptaron que se redujeran cuando firmaron el Protocolo de 1996 y por eso ahora quieren modificarlo con la ayuda del Parlamento.

La propuesta de tarifas eléctricas para 1999 también ha puesto al descubierto los efectos negativos que tiene la enmienda sobre la liberalización del sector eléctrico, puesto que, dadas las actuales tarifas de peaje, en vez de dejar elegir a 60.000 empresas como había propuesto el ente regulador independiente del sector eléctrico en julio pasado, sólo se podrá dejar elegir a 8.000 empresas, ya que, como consecuencia de acceder a la petición de las eléctricas, el 4,5% no deja hueco suficiente en los ingresos para avanzar más deprisa en la liberalización.

Lo malo del ilusionismo es que, una vez que se descubre el truco, queda una sensación de frustración y de tristeza. Antes todo era maravilloso: los cuerpos podían elevarse, del sombrero podían salir cosas inagotablemente, pero ahora la fascinación desaparece.

Sin conocer la explicación todo parecía fantástico: todo el mundo parecía que salía ganando -el consumidor veía bajar las tarifas, se avanzaba en la liberalización y las empresas eléctricas se llevaban un billón-, pero, una vez descubierto el truco al conocerse las tarifas para 1999, la cosa ya no tiene gracia.

La cruda realidad es que el año que viene los consumidores van a pagar 88.000 millones de pesetas que no hubieran pagado si no se hubiera modificado la Ley actual. Y, si la Unión Europea u otras instancias no lo remedian, esa cantidad será sólo el primer plazo de una serie de entregas que se pagarán sin que ningún Gobierno pueda sacar de la tarifa ese 4,5% hasta que no se haya pagado el billón. Pasado un tiempo todo el mundo se resignará a pagar más cara la electricidad. Este asunto de la titulización habrá perdido la expectación que ha tenido durante este mes de diciembre de 1998. Lo único interesante que quedará por saber es en qué se van a gastar las empresas eléctricas ese dinero que cobrarán por anticipado. Los consumidores se enterarán de ello por los periódicos, porque las empresas que van a recibir el billón no van a consultar a los que les van a estar dando ese dinero hasta el año 2014.

Miguel Ángel Fernández Ordóñez es presidente de la CNSE

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 22 de diciembre de 1998