Transiciones y derechos humanos

"Los españoles deberían tener presentes las razones que a ellos mismos les indujeron a renunciar al arreglo de cuentas con la dictadura franquista por las víctimas que causó". No es ningún político chileno el que lo dice, sino un intelectual polaco, comprometido con la defensa de las libertades y que, desde EL PAÍS, nos hacía a los españoles esta velada imputación de inconsecuencia. Si con tal acusación se tratara de evitar entrar en el fondo del asunto, estaríamos ante lo que Bentham llamaría una falacia política en la que no hay que dejarse enredar. Pero no es éste el caso. Cuando personas tan serias e identificadas con la defensa de los derechos humanos nos hablan de nuestro pasado no es para hacernos callar, sino para recordarnos que el debate público no es posible si los interlocutores no son coherentes. Es cierto; y por ello los españoles, cuando pedimos que se exijan responsabilidades a Pinochet, hemos de probar que no hay contradicción entre nuestro peculiar arreglo de cuentas con la dictadura de Franco y la petición de que sea procesado Pinochet. O que ha habido muy buenas razones para cambiar de criterio.Si optamos por lo primero, tendremos que argumentar que el caso chileno, argentino, polaco o español no son supuestos idénticos y que hay diferencias importantes entre las dictaduras chilena, argentina, española o polaca. Parece que sí hay diferencias; pero no es tan fácil precisar dónde está la diferencia relevante: ¿es el tiempo transcurrido desde las mismas? ¿Es la desaparición del principal responsable? ¿Es el criterio jurídico de la prescripción de los delitos? Me temo que es éste un sendero un tanto embarazoso y en todo caso discutible. Tal vez haya que confesar sencillamente que lo que nos parecía razonablemente asumible hace 20 años, hoy nos parece intolerable. No hay nada contradictorio en ello. La democracia no es un fáctum, sino un fieri, se "hace" diariamente; tiene mucho de escuela, de pedagogía. La democracia no son sólo procedimientos, sino también valores que se interiorizan, pautas que se aprenden, usos y hábitos que se afinan con el ejercicio de la libertad. Todos hemos aprendido algo, y por eso la moralidad pública en España es mucho más exigente hoy que hace 20 años. Ésta es la diferencia relevante.

Pero los argumentos "personales", como el alegato de nuestra propia transición, no deben impedir que entremos en el fondo del asunto que plantea la detención de Pinochet. La verdad es la verdad, la diga Agamenón o la diga su porquero. Y el fondo del asunto es que unos miles de ciudadanos, parte de ese "Nosotros, los pueblos de las Naciones Unidas" con que comienza la Carta fundacional de Naciones Unidas, han sido asesinados, torturados, hechos desaparecer, detenidos ilegalmente... A unos miles de ciudadanos les han violado los más elementalesderechos y exigen a la comunidad internacional que se les haga justicia. Otros miles, millones, de ciudadanos han pedido antes el auxilio internacional sin recibir, desgraciadamente, apoyo; posiblemente porque, aunque desde el siglo XVI, Vitoria venía insistiendo en que la humanidad -el totus orbis- "tiene, por derecho natural, autoridad para castigar a los ciudadanos perniciosos y malvados", todavía no estaba madura esta comunidad moral universal. Pero hoy, unos jueces, al margen y posiblemente contra el criterio de los respectivos Gobiernos, han decidido intervenir, convirtiendo así Convenciones como la de 1948 sobre Prevención de Genocidio o la de 1984 contra la Tortura en derecho vivo y no meras reglas de papel. La única discusión admisible ya en estos momentos es si hay o no base legal suficiente para entablar el proceso. Y si, como parece, la hay, cualquier tribunal de los miles de tribunales de que disponen los "pueblos de las Naciones Unidas" está obligado a hacer justicia. Las demás consideraciones -por importantes que sean- han de ceder ante el mayor peso que tiene el derecho de esos ciudadanos del mundo.

Tiene Chile, como tuvimos nosotros, el derecho a organizar su futuro con entera libertad y a administrar su memoria colectiva. Pero ninguna amnesia individual o colectiva, ninguna amnistía o punto final se puede oponer ante unos crímenes contra la humanidad. Los derechos humanos son triunfos en manos de cada una de las personas que componemos la especie humana; unos triunfos que tienen más peso que la decisión no sólo de las minorías, sino, llegado el caso, de las propias mayorías. Por eso, aunque el pueblo chileno hubiera decidido olvidar y perdonar, lo que importa es el perdón y el olvido de todas y cada una de las personas cuyos derechos fueron pisoteados. Y mientras esto no ocurra, todos los Estados tienen que cooperar para que a estos chilenos, españoles, bolivianos... se les haga justicia, por encima de cualquier criterio de oportunidad o conveniencia, por encima de cualquier pacto, más allá de cualquier decisión, por democrática que sea. Algo de esto, tan difícil y complicado, significa tomarse los derechos humanos en serio.

Sería necio desconocer el impacto de decisiones de este tipo. Y más necio e inmoral sería despreciar las consecuencias de orden interno e internacional que puede implicar la decisión del procesamiento de Pinochet. Pero una de las peculiaridades de los derechos humanos es que no pueden ser objeto de regateo o negociación, por lo que sólo cabe esperar que su inevitable respeto y garantía se realice con los menores costes y traumas sociales. En todo caso, conviene recordar que, aunque las consecuencias de hacer justicia en este caso no sean fáciles de administrar para un Gobierno, más devastadora será para la estabilidad a medio plazo de una sociedad democrática la conciencia de la impunidad de estas graves violaciones. Esto es lo que viene a decir la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, cuyo cincuentenario celebramos, cuando proclama que "el reconocimiento de la dignidad inherente a todos los miembros de la naturaleza humana y de sus derechos, iguales e inalienables, constituye el fundamento de la libertad, de la justicia y de la paz en el mundo".

Con toda seguridad que los españoles comprendemos mejor que muchos las dificultades de desmantelar dictaduras con ayuda de compromisos y negociaciones. En este tipo de procesos, uno tiene derecho a esperar de los demás comprensión y aliento, y no problemas adicionales. Pero no se debe oscurecer el fondo del asunto: éste no es un problema entre España, Inglaterra y Chile; éste no es un conflicto entre Estados. Se trata simplemente de que una persona, cuya nacionalidad poco importa, ha violado gravemente los derechos de algunos ciudadanos, cuya nacionalidad no hace al caso. Y unos jueces, cuya nacionalidad es a estos efectos irrelevante, intentan que se respete el derecho penal internacional. Ésta es la cuestión.

Virgilio Zapatero es catedrático de Filosofía del Derecho en la Universidad de Almería.