El Ministerio sostiene que la ayuda se ajusta a la legalidad

El Ministerio de Industria considera que la subvención a Torcidos Ibéricos se ajusta a la legalidad porque la solicitud de ayuda se ampara en una orden de febrero de 1996 que establecía que, aunque la inversión se realizara en un municipio que no estuviese considerado minero, podía recibir las ayudas si la inversión era de interés excepcional por su cuantía y por el empleo creado. Y además, exigía que hubiese un número indeterminado de trabajadores que procedieran de una zona minera.En el caso de Puig-reig, según el ministerio, estas condiciones se daban: había una inversión de 992 millones, la creación de 62 puestos de trabajo, 18 de los cuales eran para personas que viven en pueblos mineros, y se trataba de una empresa de especial interés, porque su inversión era la más importante realizada en la comarca barcelonesa del Berguedà en el último año.

El ministerio también justifica que la subvención se apoye en una orden derogada, porque en el texto de marzo de 1998, el que señala que ya no se podían acoger a estas ayudas las iniciativas que se realizasen en pueblos no mineros, se hacía una excepción para aquellos casos en los que la solicitud ya estuviese en trámite. El Gobierno no explica por qué el caso de Puig-reig se trató el pasado julio, mientras que el resto de expedientes referidos a la orden de febrero de 1996 se están tratando en diciembre; ni por qué Torcidos Ibéricos constituye la primera excepción de ayuda concedida a una empresa que no está en un municipio minero y ni siquiera limítrofe.

En el Berguedà, el caso se ha cogido con sorpresa, aunque más que pedir justificaciones, se pide que Industria califique a todos los municipios del Berguedà como mineros. Comparten esta opinión la mayoría de partidos políticos y representantes empresariales, aunque desde ERC, el PSC y CCOO se reclama también absoluta transparencia en la concesión de las ayudas.