Industria dio 198 millones de los fondos mineros a una empresa catalana alejada de las cuencas

El Ministerio de Industria concedió a la empresa textil Torcidos Ibéricos, en Puig-reig (Barcelona), una ayuda de 198 millones de pesetas acogiéndose al Plan de Reactivación de Cuencas Mineras, pese a encontrarse en una población que no está catalogada como zona minera ni es limítrofe, según informó ayer la Cadena SER. La difusión de esta noticia ha reabierto la polémica provocada por la subvención concedida con cargo a los fondos mineros al ex consejero castellano-leonés Miguel Pérez Villar, del PP. El propietario de la empresa textil, Manuel Carrera, mantiene relaciones con la familia de Jordi Pujol.

La empresa Torcidos Ibéricos, con sede en Castellbell i el Vilar, recibió una ayuda de 198 millones para la ampliación de su factoría de Puig-reig, amparándose en una orden del 6 de febrero de 1996 en la que se establece que también pueden recibir ayudas con cargo a los fondos mineros proyectos empresariales de excepcional interés, aunque no se encuentren en una comarca minera ni en un municipio limítrofe, siempre que ocupen en cuantía significativa a personas procedentes de zonas afectadas por la crisis de las cuencas.

En el momento en que se concedió la ayuda, septiembre del 1998, el Ministerio había publicado una nueva orden, de 6 de marzo de 1998, en la que esta excepcionalidad ya no se contemplaba. Pese a ello, una disposición transitoria especificaba que podían acogerse a la orden anterior aquellos expedientes que ya estuviesen en trámite, como el de la empresa de Puig-reig. Pero los expedientes de esta convocatoria se están resolviendo actualmente, mientras que la ayuda a Torcidos Ibéricos y a otras dos iniciativas más se aprobó en julio.

Los expedientes que se están resolviendo en este momento acuden en régimen de concurrencia competitiva, es decir, compiten todas las solicitudes presentadas en función de la orden de 1996. En este paquete Torcidos Ibéricos tenía pocas posibilidades de prosperar, porque no estaba dentro de una zona minera.

El Ministerio de Industria aprobó la ayuda a Torcidos Ibéricos después que hubiese sido desestimada previamente. En la ficha del ministerio para la concesión de ayudas a la reactivación de cuencas mineras figura que la empresa solicitó la subvención el 10 de marzo de 1997 y que le fue desestimada el 30 de septiembre del mismo año "por no estar en municipio minero ni limítrofe".

A pesar de esta primera desestimación y de que dos empresas más de la misma población, Seradora Boix y Agrofibras, también solicitaron las mismas ayudas sin haberlas obtenido hasta la fecha, el Gobierno hizo una excepción y revisó la solicitud presentada por Torcidos Ibéricos.

Un funcionario, del Ministerio de Industria, Víctor Audera López, un subdirector general que había sido cesado hacía tres meses, es el responsable de devolver el expediente a la fase inicial el día 1 de abril de 1998, advirtiendo que la subvención solicitada y el número de empleos creados son superiores a los inicialmente planteados. De todos modos, en la nota a pie de página, el redactor de la ficha también advierte que "no se ha recibido [la Dirección General de Minas] documentación justificativa de este hecho".

La subvención a la empresa de Puig-reig corresponde al 20% de la inversión que figura en el expediente, aunque entre la primera solicitud y la revisión hubo un cambio sustancial de esta cifra: se pasó de una inversión de 616 millones y 147 de ayuda a una inversión de 992 millones y una subvención de 198 millones, 50 más que los solicitados.

Torcidos Ibéricos es la única empresa que ha recibido la ayuda del Ministerio de Industria sin estar en una zona minera. La compañía, según su propietario, Manuel Carrera Arguindegui, ocupa a 65 trabajadores, 18 de ellos procedentes de poblaciones mineras o limítrofes de la comarca barcelonesa del Berguedá, de la que Puig-reig dista 25 kilómetros. Carrera aseguró ayer que no tiene ninguna vinculación con el Ministerio deIndustria ni con su titular, Josep Piqué, pero admitió tener relaciones personales con la familia del presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, quien inauguró las instalaciones de Puig-reig el pasado enero y las presentó como ejemplo de la reactivación de la comarca.

De todos modos, Carrera mantiene que ha actuado amparándose en la legislación vigente y ha descartado cualquier in fluencia. Además, en declaraciones a la Cadena SER, afirmó que actuó porque el alcalde de Puig-reig, José Boatella (ERC), le planteó la posibilidad de acogerse a dichas subvenciones e insistió en que no ha hecho uso de ninguna influencia ni de presión alguna ante el ministerio.

El candidato socialista a la Presidencia del Gobierno, José Borrell, pidió ayer que el ministro de Industria explique en el Congreso los criterios de reparto de los fondos mineros.

El caso de Puig-reig salta a la luz publicados semanas después del escándalo provocado por la subvención que, también con cargo a los fondos mineros, concedió el Ministerio Industria al ex consejero de Economía de la Junta de Castilla y León Miguel Pérez Villar, condenado por prevaricación, para instalar un concesionario taller de coches en Oviedo.