Fundaciones sanitarias

EL PARTIDO Popular ha presentado una enmienda a la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos Generales que supone la reforma de mayor calado acometida en el sistema sanitario público desde su creación. Y lo ha hecho por un procedimiento que impide en la práctica que el contenido de esa medida sea debatido en profundidad en el Parlamento. La enmienda regula -con rango de ley- la posibilidad de que todos los hospitales y centros sanitarios dependientes del Insalud puedan convertirse en fundaciones públicas sanitarias, una figura jurídica de nueva creación cuyo contenido tiene como principal referente lo establecido en la propia enmienda.El fondo de la enmienda plantea algunos problemas. Y no porque no deba abordarse una reforma del sistema de gestión de los servicios sanitarios públicos. Existe un amplio consenso sobre la necesidad de dotar a los hospitales y centros sanitarios de mecanismos de gestión empresarial que los hagan más eficientes, algo que en tiempos de escasez de recursos -como los actuales- no sólo es una necesidad, sino un imperativo ético. Pero la regulación de las fundaciones públicas sanitarias que plantea el PP deja muchos aspectos de su funcionamiento en una peligrosa ambigüedad.

El ministro de Sanidad ha respondido a las críticas de la oposición asegurando que el Gobierno no tiene intención de privatizar ni contratar a terceros ningún servicio sanitario público. Pero mientras el texto legislativo no concrete aspectos tan importantes como un marco de referencia común a todos los servicios y un sistema adecuado de control público, es lógico desconfiar. Mucho más si ha sido presentado con una nocturnidad tramposa.

El sistema sanitario público debe ser reformado, pero esa reforma debe hacerse con un cuidado exquisito y con el mayor consenso posible, no vaya a ser que, en lugar de hacerlo más eficiente, lo hagamos más vulnerable. Es evidente que un presupuesto como el del Insalud, de 1,5 billones de pesetas, puede despertar la voracidad de los intermediarios dispuestos a ofrecer importantes ahorros de gestión. Si no se establece un marco legal de referencia que garantice, mediante los controles pertinentes, que los ciudadanos siguen recibiendo una asistencia sanitaria de calidad, la reforma puede conducirnos a un sistema desmembrado y parasitado en el que, al final, los ahorros conseguidos no reviertan en una mejora de los propios servicios públicos, sino en las cuentas de explotación de los intermediarios llamados a colaborar con él. Pocas instituciones son tan importantes en España como su sistema sanitario. Por eso, en pocas materias está tan justificada como en ésta la necesidad de dejar de lado los intereses partidistas y propiciar que la reforma tenga el más amplio consenso posible.

Es muy criticable la forma en que se ha tramitado la enmienda. El PP ha recurrido a una vía irregular, como lo es la ley que acompaña a los Presupuestos. El Tribunal Constitucional ha establecido con claridad que esta ley debe estar reservada exclusivamente a aquellos asuntos que tienen que ver con las cuentas del Estado. No existía en este caso urgencia alguna que justificara el procedimiento utilizado y es lícita la sospecha de que el objetivo era hurtar a la ciudadanía el necesario debate.