'Titulizar', la clave de la polémica

Un tecnicismo, titulización, se ha convertido en la clave de la polémica. Titulizar es trocear y colocar en el mercado, a través de los bancos, un activo. En el caso de las eléctricas, supone cobrar por adelantado, de las entidades financieras, parte de los derechos de cobro que les reconoce el Gobierno y que ascienden, con la enmienda presentada en el Senado, a 1,3 billones de pesetas, de los cuales, se trocearían y colocarían en el mercado un billón.A cambio de adelantar el pago a las eléctricas, los bancos (accionistas de las compañías, no hay que olvidarlo), recibirían un 4,5% de la tarifa eléctrica anual hasta recuperar todo lo adelantado.

Este mecanismo ha sido tildado por la Comisión Eléctrica como la creación de un nuevo impuesto. ¿Por qué? Porque la Ley Eléctrica, que reconocía, con el visto bueno de la CNSE, unos costes de transición a la competencia de 1,6 billones de pesetas, fijaba pagos anuales de esos costes "máximos" y preveía variaciones, también a la baja, en el caso de que el mercado, como está sucediendo, creciera por encima de lo previsto o los tipos de interés cayeran de forma espectacular, como también está sucediendo. Frente a las posiciones de la CNSE, Industria y las eléctricas manejan otros argumentos. Es la parábola de la botella medio llena o medio vacía. Las empresas argumentan que el Gobierno, en 1996 y 1997 (Protocolo Eléctrico y Ley Eléctrica) modificó el marco legal en base al cual habían realizado inversiones. Por ello, hay un derecho a compensaciones. ¿Por qué cuantía? 1,6 billones, según la Ley Eléctrica, que ahora, a cambio de la autorización para titulizar, se reducirían a 1,3 billones, con un ahorro para el consumidor, aseguran, de 300.000 millones.

Además, destacan, se ha pactado una mayor apertura del mercado (en octubre de 1999 podrá elegir suministrador el 47% del mercado) y se han concretado bajadas de tarifas del 2,5% para 1999 y del 1% para el 2000 y el 2001.

Por si fuera poco, añaden, en la enmienda del Partido Popular se ha introducido una cláusula por la que se prevé actuar sobre tarifas para el caso de que los beneficios del sector hagan injustificable el billón cobrado por adelantado. La Comisión Europea está atenta a la pelea.