Costas anula la venta que hizo Defensa de un espacio protegido

La Punta de Seixo Branco, un espacio protegido de 21.968 metros cuadrados en Oleiros (A Coruña), volverá a ser del dominio público. El Ejército la vendió el pasado 30 de junio de 1997 por siete millones de pesetas a la firma Abascal Gestión Inmobiliaria y Asociados, SL, pero no se podrá urbanizar. El azar permitió al director de Costas, Fernando Marín Castán, enterarse de la venta e intervenir de oficio para declararla nula. El Consejo de Estado le ha dado el plácet para poder ejercer el derecho de retracto.

El episodio de Defensa no es un caso aislado. Otros organismos estatales, como la Agencia Tributaria, Patrimonio Nacional, Renfe o el propio Ejército, han enajenado patrimonio de todos los españoles, en ocasiones espacios protegidos, a precios irrisorios en su política de privatizaciones para obtener liquidez.La finca Seixo Branco ya está inscrita como privada en el registro, a partir de que la Gerencia de Infraestructuras de Defensa dio por definitiva su adjudicación el 3 de julio de 1997. De no mediar la Dirección General de Costas, su uso estaría inmerso en un laberinto de litigios, dada la protección ambiental que tutelaba su uso. Seixo Branco figura como Reserva de Espacio Natural en los planes de ordenación del territorio de la provincia de A Coruña aprobados por la Xunta de Galicia en 1991.

Linda con una de las áreas de expansión urbanísticas más cotizadas de España; el municipio de Oleiros, contiguo a la ciudad de A Coruña, que apenas cuenta con espacio municipal urbanizable. Su área de expansión residencial de más elevado poder adquisitivo es precisamente Oleiros, donde está vigente uno de los ordenamientos urbanos más rigurosos de Galicia (su implantación le costó el puesto al anterior alcalde) y apenas dista 15 minutos del centro de la capital gallega. El precio del metro cuadrado para viviendas unifamiliares oscila entre las 20.000 y las 30.000 pesetas, informa Xosé Manuel Pereiro.

Después de algunos intentos por llegar a un acuerdo para devolver el dinero pagado a la sociedad adjudicataria -su administrador único es Vidal Abascal Morte-, Costas optó por impugnar de oficio el procedimiento de adjudicación basándose en que Defensa había incumplido con la obligación de informar de sus planes de venta, al tratarse de una finca de interés público. El Ministerio de Medio Ambiente está dispuesto a reintegrar a la inmobiliaria Abascal los siete millones que pagó por la finca, más los intereses correspondientes. Pidió un dictamen al Consejo de Estado y éste le ha respondido favorablemente.

Comprar o expropiar

El director de Costas, Fernando Marín, se ha visto obligado a intervenir personalmente en la recuperación de fincas del dominio público en aplicación de la Ley de Costas, una norma "muy acertada" en su opinión, aunque fuera recurrida en su día ante el Constitucional por el Partido Popular. En su apasionada defensa por recuperar los ecosistemas naturales del litoral español se ha topado con numerosos casos como el de Seixo Branco. En el Cantábrico, y después de muchos tira y afloja, ha llegado a un acuerdo con los propietarios de las marismas de El Joyel, en la ría de Quejo, al este de Santander. En realidad se trata de terrenos que se registraron como propiedad privada, aunque fueran de dominio público.Estos espacios, considerados hoy como bienes del patrimonio ambiental por la enorme riqueza de su paisaje y fauna, tan sólo unas décadas atrás eran contemplados como territorio yermo cuyo mejor destino era la desecación para construir polígonos industriales o urbanizaciones en primera línea de playa.

"Las vamos a comprar. Los propietarios nos pedían 3.000 millones de pesetas; nosotros ofrecíamos 100. Hemos llegado al acuerdo de que sean 300 millones", afirma con un regusto de satisfacción Marín Castán.

"Nuestra pretensión es ir más allá de las exigencias de la Ley de Costas", una norma que atribuye al dominio público el territorio entre la costa y 100 metros hacia el interior en zonas no urbanizadas y a partir de los 20 en zonas urbanas. "Se ha producido tal depredación en las últimas décadas que apenas quedan espacios para proteger". Menorca, sin ir más lejos, a pesar de estar declarada Reserva de la Biosfera, carece de protección ante cualquier iniciativa para quebrar su condición de isla no afectada por las urbanizaciones en masa.

"Si hay que comprar fincas, lo haremos, y si hay que recurrir a las expropiaciones para recuperar espacios naturales, también", enfatiza Marín. "Me ofrezco a dedicar buena parte de los 18.000 millones de mi presupuesto a ese objetivo".