Líderes demócratas de América Latina cuestionan la actuación de España

América Latina vive días extraños. La detención de Augusto Pinochet ha dividido al continente, pero no (o no sólo) de la forma en que se suele imaginar desde Europa: por un lado, los demócratas y defensores de los derechos humanos, a favor de la extradición a España y posterior juicio al ex dictador; por otro, los nostálgicos del régimen militar chileno, desaforadamente en contra. El mapa es más complicado. En privado, amplios sectores de juristas de reconocida trayectoria democrática y la mayoría de Gobiernos latinoamericanos tachan de peligrosa, cuando no "intolerable", la "injerencia" europea.

Sostener públicamente esa opinión, en medio de la explosión de alegría casi unánime que han desatado las actuaciones en contra del general, resulta muy complicado. Por ello han guardado silencio. Pero la mayoría de Gobiernos latinoamericanos y una parte no despreciable entre los sectores demócratas han desarrollado en los últimos días ciertas reticencias, cuando no resquemores, que se resumen en una palabra. Una sola palabra de muy mala prensa y difícil asimilación a ambos lados del Atlántico: colonialismo.De México a Argentina, pasando por Colombia y otros países, los Ejecutivos han sido los primeros, de forma siempre discreta, en acoger con ambivalencia la petición de los jueces españoles y la subsecuente detención de Pinochet, según las fuentes oficiales y diplomáticas consultadas.

"En nuestro fuero interno", relata una alta fuente oficial mexicana, "compartimos la euforia por la detención de Pinochet y la indignación por las graves violaciones a los derechos humanos que cometió en su país. Pero nos preocupa la decisión de España y el Reino Unido; claramente tenemos ciertas reticencias ante esta especie de misión civilizadora que han adoptado. Es un punto muy delicado en caso de que se acabe generalizando esta forma de injerencia".

Lo sorprendente de estas reticencias es que provienen de sectores de intachable adscripción democrática. Nada más fácil, para los defensores de la captura del exdictador, que desestimar las acusaciones de los nostálgicos del régimen militar chileno de que se está violando la soberanía de un país al detener y pedir la extradición de Pinochet.

Pero todo cambia cuando quien expresa ese punto de vista es un comprometido defensor de los derechos humanos, con un largo historial. América Latina dista mucho de ser, hoy, un territorio claramente ordenado a lo largo de dos posiciones: a favor y en contra de que el ex dictador chileno sea juzgado en España. Las perspectivas son múltiples, las exigencias éticas, variables.

Con matices, ése es también el punto de vista de Diego García-Sayán, presidente de la Comisión Andina de Juristas, una organización comprometida desde hace años con los principios democráticos y con el castigo a la impunidad. García-Sayán es un abogado peruano de 48 años con un extendido compromiso con la defensa de los derechos humanos. Y, sin embargo, no oculta sus reticencias. "Constituye un precedente peligroso que algunos países, en este caso España, se atribuyan la capacidad de juzgar a otros, sobre todo si se trata de un proceder repetido y sistemático", razona por teléfono desde Lima.

García-Sayán, como tantos otros juristas progresistas latinoamericanos, tiene el corazón dividido. Por un lado, considera que la detención de Pinochet constituye una "señal muy clara, muy importante" para el futuro de la democracia y un aviso a navegantes-dictadores (presentes o futuros) en todo el continente.

Pero, al mismo tiempo, instintivamente, siente reparos ante el hecho de que "países desarrollados se atribuyan la capacidad de impartir justicia" en cualquier parte del mundo, más allá de fronteras o convenciones internacionales.

"Si estuviéramos al final de la Segunda Guerra Mundial, o algo así, este tipo de respuestas sería lógico". Pero hoy en día, García-Sayán considera absolutamente necesario, desde el punto de vista suramericano, que las actuaciones contra ex dictadores y otros criminales se produzcan dentro de un marco multilateral, como puede ser el futuro Tribunal Penal Internacional.

La misma opinión se puede recoger en medios próximos al Gobierno colombiano. "Independientemente de la solidaridad que uno pueda tener con las víctimas de Pinochet", afirma una alta fuente oficial en Bogotá, "la detención del ex dictador constituye una afrenta para los Estados de derecho en América Latina: se volvería esto el abrebocas para que el día de mañana cualquier país detenga a cualquier funcionario latinoamericano si lo considera ajustado a su derecho unilateral".

A todos los Gobiernos consultados les preocupa lo mismo: Estados Unidos. La tradición de policía y gran hermano que Washington se ha arrogado históricamente respecto a América Latina ha exacerbado las sensibilidades al sur del río Grande. En todas las capitales latinoamericanas, el respeto irrestricto a la soberanía se ha convertido en la primera bandera diplomática, contra las constantes injerencias desde el Norte.

Ejemplo, México. "Nuestra posición tiene mucho que ver con nuestra relación histórica con EEUU", relatan las fuentes oficiales mexicanas consultadas. "A lo largo de los años ochenta se dieron una serie de detenciones extrajudiciales [para México] de ciudadanos mexicanos, incluso en territorio mexicano, por parte de EEUU, que llevaron a momentos de gran tensión".

La diplomacia latinoamericana desea evitar ahora que, al socaire del precedente que pueda sentar el caso de Pinochet, los "países desarrollados", con EEUU a la cabeza, inauguren una nueva política y se lancen a la persecución de "delincuentes" ignorando fronteras y convenios internacionales. Una nueva brecha abierta en un continente históricamente a la defensiva.