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Francia aliviará el dolor terminal con 2.500 millones de pesetas

Se prevé la baja laboral para acompañar a un familiar moribundo

El Gobierno francés ha acordado invertir 100 millones de francos suplementarios -2.500 millones de pesetas- dentro de una campaña para mejorar la atención médica dedicada a los enfermos terminales y aliviarles el dolor. "El enfermo tiene el derecho y el deber de rechazar el sufrimiento", dice Bernard Kouchner, secretario de Estado para la Salud. La iniciativa francesa aparece como una alternativa ante las voces que reclaman abordar el problema de la eutanasia.

Para Kouchner, no se trata "de un problema de eutanasia, palabra detestable, sino de acompañamiento de los finales de vida". Entre las medidas que propone el secretario de Estado figura precisamente el derecho a una "baja de acompañamiento", de modo que los familiares puedan estar junto a los enfermos cuando se prevé que van a morir, y que él explica desde el sentido común: "Deseo que el permiso no sea como hasta ahora para tener derecho a enterrar a la madre, sino para poder estar junto a ella en el momento en que expira".El catálogo de medidas incluye el estudio de creación de analgésicos específicos para niños, dispositivos que permitan al enfermo ocuparse él mismo de la gestión de su medicamento -morfina en la mayoría de los casos- y que autorizan a los pacientes a recetar analgésicos en casos de urgencia, así como una reforma de los estudios médicos para mejorar la formación en todo lo que se refiera a la lucha contra el dolor.

"Me inquieta oír a ciertos responsables católicos hacer declaraciones diciendo que el dolor sigue siendo redentor", declara Kouchner en Le Monde.

Las unidades dedicadas en Francia a los "cuidados paliativos" son 51, de manera que la mitad de los departamento o provincias carecen de ellas. Los 100 millones de francos han de servir para poner en marcha nuevas unidades, algunas de ellas móviles. Las asociaciones, muy a menudo católicas, que ofrecen compañía a los enfermos recibirán también ayudas suplementarias.

Con estas medidas, el Gobierno quiere reducir el impacto que ha causado en la opinión pública el caso de la enfermera Christine Malèvre, procesada por haber "ayudado a morir" a una treintena de enfermos terminales.

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