Las autonomías deben gestionar el agua, según el fiscal Emilio Valerio

El fiscal-jefe del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y responsable de Medio Ambiente, Emilio Valerio, defendió ayer la necesidad de que sean las autonomías quienes gestionen el uso del agua en lugar de las confederaciones hidrográficas, como se hace ahora. El fiscal intervino en la jornada de clausura del Congreso Ibérico, El agua a debate, organizado por la Universidad de Zaragoza.

Para Valerio la tendencia de los grandes mensajes políticos suele traducirse en inversiones millonarias. "El marco que fija la Constitución está próximo al Estado confederal y eso supone la gestión del agua de una forma integral, pero una gestión hecha por el territorio más que por las confederaciones hidrológicas", dijo "que se ciñen a las grandes cuencas".Valerio defendió este modelo porque solucionaría "graves problemas". Y puso un ejemplo: las dificultades que en estos momentos plantean los trasvases intercuencas. "El modelo que propone la Ley de Aguas para las cuencas es interesante, pero siempre hay que combinarla con un modelo político que pasa, por fuerza, por un modelo autonómico de gestión del agua", explicó.

El fiscal madrileño se basa en la Ley de Aguas, pero sin dejar de lado los problemas medioambientales. Valerio recordó que en el marco constitucional y en el legislativo el aspecto medioambiental es hoy esencial. "Cualquier obra que vaya contra estos principios está abocada al fracaso. Ésa es mi experiencia legal y práctica", dijo.

Con la presencia de más de 200 especialistas procedentes de varias universidades españolas y portuguesas, el congreso de Zaragoza ha planteado nuevos enfoques sobre el uso y la gestión del agua en la península ibérica. No sólo de Valerio. Javier Martínez Gil, miembro del comité organizador también lo dijo en la jornada inaugural: "Queremos que se actúe de otra forma con el agua".

Obras no rentables

El subdirector general de Planificación Hidrológica y responsable del Libro Blanco del Agua, Francisco Cabezas, señaló que ninguna gran obra hidráulica tiene garantizada hoy su rentabilidad. En eso y en la necesidad de armonizar los diferentes usos de este recurso coincide con Valerio. "El modelo tradicional de grandes inversiones en grandes infraestructuras debe ser revisado", dijo el fiscal tras destacar que la mejor política es la que da respuesta a las distintas demandas.También en materia de regadíos explicó que deben ser las comunidades autónomas quienes decidan, aunque reserva el papel del Gobierno central para evitar conflictos medioambientales. Pero insistió en que la gestión autonómica del agua es el único modelo efectivo y de encuentro para conservar este recurso.

"El modelo de patronazgo, donde el Estado define los regadíos y concede las subvenciones para disponer del agua no funciona y lo mismo sucede con la gestión autonómica de los recursos de su competencia". A su juicio, las necesidades han cambiado y añadió que, hasta ahora, la contrucción de los grandes embalses, "ha dependido totalmente de la política agraria, y esto ya no es válido porque esta política ha cambiado. No es segura su rentabilidad económica, plantean problemas medioambientales y generan polos de desarrollo negativo muy importantes". La solución en su opinión, pasaría por la ordenación del territorio y la política de inversiones en el mundo rural. "Los grandes embalses están vinculados a una política agraria que hoy suscita pocas esperanzas", concluyó.