Los "yanquis" no volverán a casa

ENVIADO ESPECIAL, El general retirado Rubén Darío Paredes trabaja activamente contra la prórroga de la permanencia militar estadounidense en Panamá y, fracasada ésta, contra el Centro Multilateral Antinarcóticos (CMA), cuya entrada en funcionamiento aplazaría de hecho la preceptiva retirada establecida en los tratados Torrijos-Carter. "Se trata de un proyecto blasfemo, irreal y antisoberano que lo que persigue es prolongar en nuestro territorio las bases norteamericanas después del año 2000, violándose así el pleno cumplimiento de los tratados", denuncia. Con argumentos irreprochables, como son todos los referidos a la imprescindible unidad de fuerzas contra el narcotráfico, los promotores del CMA pretenden establecer un centro de espionaje en Panamá con cobertura de toda América Latina, apoyado por una flotilla de satélites, buques, submarinos, aviones Awac, sofisticado equipo y un número indeterminado de soldados, que fuentes no oficiales calculan en 2.000. Su objetivo declarado sería combatir la producción, tráfico y consumo de drogas y actividades relacionadas con el blanqueo de capitales, pero en México -y otros países invitados a sumarse, entre ellos Brasil y Colombia- se teme que los radares y destacamentos puedan ser aprovechados también para fines menos altruistas. El borrador del acuerdo alcanzado por los Gobiernos de Panamá y Estados Unidos, filtrado el pasado mes de enero al diario mexicano Excelsior, no convence a la Administración de Ernesto Zedillo, y la oposición panameña se ha empeñado en darle cristiana sepultura. El grupo de funcionarios mexicanos encargado de estudiar los términos de instalación y funcionamiento del centro, cuyo mando trabajaría desde la base aérea Howard, sede hasta hace cinco meses del Comando Sur del Ejército estadounidense, fue contundente: Panamá concede demasiadas prerrogativas a Washington cuando le entrega la seguridad de las dependencias más importantes y permite que sus tropas ejecuten operaciones "de apoyo" en Panamá y en la región. Además, los barcos, aviones y vehículos terrestres de EEUU que cumplan "deberes oficiales" podrán circular libremente por territorio panameño, exentos de cualquier inspección aduanera o de otro tipo. El acuerdo, por otra parte, limita el poder de decisión de los países invitados a formar parte del centro. Prácticamente, según la lectura mexicana, se les pide la adhesión porque únicamente Panamá y EEUU participarían en el acuerdo constitutivo del CMA. La incorporación del resto no sería en las mismas condiciones. El acuerdo de principios, en estos momentos bloqueado, dispone que el CMA tendrá una vigencia de 12 años, a partir del 31 de diciembre de 1999, prorrogable por periodos de cinco años. Los Estados que eventualmente decidieran entrar no podrán retirarse antes del año 2012."Hay que poner fin a la vieja relación. La presencia militar estadounidense involucraría retener bajo el velo del CMA antiguas bases militares en las costas de ambos océanos, en detrimento del desarrollo económico del país", protesta el expresidente Jorge Illueca. También se opone el excanciller Carlos López Guevara, miembro de la comisión negociadora de los tratados Torrijos-Carter, que fijó el mediodía del 31 de diciembre de 1999 para la devolución del canal de Panamá y la retirada del último de los 4.500 soldados acantonados en las bases de la zona del Canal, entre ellas Howard y Kobbe, levantadas en 5.000 hectáreas de dos de las mejores fincas de Panamá. López Guevara advierte que la puesta en marcha de un centro contra el narcotráfico de perfil castrense, y su capacidad para controlar no sólo el canal de Panamá sino los cielos y mares de todo el continente, puede llevar a EEUU a la intromisión en los asuntos internos ajenos y causar conflictos de competencias con los panameños. "La lucha contra el narcotráfico no es militar, como pretende implementar EEUU", señala. El Gobierno del presidente Ernesto Pérez Balladares, cuya derrota en el referendo de reelección asesta un fuerte golpe al CMA, echó marcha atrás hace algún tiempo, desdiciéndose, según fuentes estadounidenses, y reclama contraprestaciones aún no satisfechas. Una de ellas es que en el plazo de tres o cuatro años ambos Gobiernos reconsideren si el centro cumple con los objetivos antinarcotráfico previstos y su funcionamiento corresponde a los respectivos intereses nacionales. Según Ricardo Alberto Arias, ministro de Asuntos Exteriores hasta su renuncia este lunes, "ya no hay más campo para negociar. Estamos en una etapa de decisiones. Es un poco tratar de determinar si la propuesta panameña logra satisfacer los intereses de las distintas partes interesadas o no", declaró al diario Panamá América.