Las propuestas y razones sindicales

Tras meses de euforia desmedida, han bastado los últimos datos de los mercados para volver a la realidad. Y la realidad es que la economía española no ha cambiado estructuralmente y sigue siendo vulnerable, dependiente y fuertemente ligada a factores internacionales.Como consecuencia, el optimismo sin freno que proclamó el Gobierno de la derecha, invitando a invertir en Bolsa, debió cambiarse por llamadas para que los inversores no salieran corriendo hacia la puerta.

En la UGT nunca hemos compartido este triunfalismo. Aunque sea cierto que existen tres millones de familias con capacidad para invertir, también lo es que casi otros siete millones tienen dificultades para llegar a fin de mes, y 1.300.000, muchas dificultades. Éstos son los problemas reales que ninguna euforia bursátil logra ocultar.

El Gobierno del PP está liquidando el patrimonio público empresarial y haciendo regalos fiscales a los más ricos; la reducción de la inflación, que ha posibilitado la bajada de tipos y en parte la reducción del déficit, se ha basado en los sacrificios salariales y la pérdida de empleo de la primera mitad de los años noventa.

La otra parte de la reducción del déficit se ha realizado con el recorte de aproximadamente un billón de pesetas en la protección por desempleo, provocando la situación antisocial de que más de la mitad de los parados no tengan cobertura alguna por desempleo. El Gobierno se apresura a recordar que el recorte lo adoptó el anterior, pero eso no le exime de su responsabilidad cuando, además, se ufana de sus éxitos en el control del déficit.

El Gobierno no intenta corregir los problemas estructurales que padecemos. Algunos, probablemente, los agrave: el recorte en la inversión pública acabaremos pagándolo en términos de crecimiento y empleo.

Pertenecemos al grupo de países del euro. Queda por saber cuál va a ser nuestro papel en Europa.

¿El de un país con el índice de paro y precariedad más alto de la Unión Europea, un tejido industrial débil, un bajo índice de inversión en I+D, con un nivel de infraestructuras insuficientes, una administración pública desmotivada por los recortes y la indiferencia de los gobernantes y un sistema educativo deficiente?

Nosotros estamos empeñados en cambiar esta tendencia y apostamos por una nación moderna, próspera, solidaria, productiva y con índices de empleo y de estabilidad semejantes a la media europea.

Ya se ha desaprovechado una oportunidad para corregir el rumbo con el fracaso del Plan de Empleo del año 1998, que, aunque atiborrado de propaganda, ha merecido el rechazo sindical y la indiferencia de la sociedad española.

Hay otra oportunidad con la negociación social abierta en varias mesas. En ellas están identificados contenidos vinculados a los acuerdos existentes (Estabilidad y Pensiones) que aseguren su normal desarrollo, y, también, compromisos de aplicación de una directiva europea, sobre el contrato a tiempo parcial. Me referiré sólo a los más relevantes.

Con un retraso lamentable, sigue sin desarrollarse la aplicación de la normativa de prevención de riesgos laborales, mientras que sigue considerándose un coste oneroso preservar la vida y la integridad física de los trabajadores, y los accidentes crecen incesantemente.

Además, se pretende -se le ha metido entre ceja y ceja al presidente- presentar como un hallazgo popular -en beneficio supuesto de la mujer- el contrato a tiempo parcial (CTP).

Es un contrato que se utiliza por debajo de la media europea, pero es un viejo conocido de cuya vida y milagros ya tenemos noticia -se hicieron más de dos millones en 1997-, y sabemos que es urgente asegurar su voluntariedad, un marco jurídico que regule la duración de la jornada y la adecuada protección social.

Su aportación al empleo es escasa. En un país como España, con un alto nivel de paro y precariedad, con bajos salarios y con 800.000 familias con todos sus miembros en paro, entraña riesgos de subempleo y abusos muy serios. Es muy discutible incentivar un contrato que, por su propia duración, ya incorpora un suculento "incentivo" para las empresas, dada su flexibilidad.

Debería hacerse un esfuerzo dirigido a la recuperación contractual y normativa del fijo discontinuo sobre la base del Acuerdo de Estabilidad, como hemos propuesto, para recuperar estos contratos, cuya desaparición ha resultado perjudicial para los trabajadores e incluso para algunos sectores empresariales. Es más útil incentivar su recuperación que regalar dinero público incentivando el CTP.

Estamos discutiendo también la reducción de horas extraordinarias y la penalización de la contratación temporal. El Ejecutivo debe ejercitar su capacidad legal de reducir las horas extras, cuyo número es escandaloso, e incrementar la cotización de los contratos temporales, para lo que el Ministerio de Trabajo está habilitado legalmente.

Tiene también que mejorar la regulación de las empresas de trabajo temporal (ETT), revisando la normativa que rige sus actividades, exigiendo su correcta utilización y restringiendo su actividad en los sectores de riesgo, para proteger y equiparar los derechos de los trabajadores en misión.

Estas discusiones no se cierran porque el Gobierno rehuye asumir sus compromisos para no enemistarse con la patronal.

Mención especial merece el compromiso de separar las fuentes de financiación de la Seguridad Social, que el Gobierno tiene que culminar en dos ejercicios presupuestarios. Las cantidades a separar llegan a casi un billón de pesetas, que no incrementa el déficit, pero sí lo redistribuye correctamente, incrementando el del Estado y estabilizando la Seguridad Social. Exigimos también que se nos detallen y clarifiquen las deudas incorrectamente imputadas a la Seguridad Social y se eliminen de su contabilidad.

Los contenidos que singularizan un nuevo escenario de negociación con el Gobierno, y que resultan esenciales para nosotros, son:

-Negociar y acordar el Plan de Empleo del 99, identificando iniciativas públicas de empleo, impulsando los nuevos yacimientos e incentivando la reducción de jornada para crear nuevos puestos de trabajo.

-Mejorar la cobertura por desempleo, específicamente a los parados de larga duración y parados con responsabilidades familiares.

Es evidente que estos objetivos, y otros de los pendientes, tienen una vinculación muy estrecha con los presupuestos del 99 (PGE99), que son los que marcan el margen económico.Tanto el PGE99, en lo que se conoce, como el del Inem no van en la dirección correcta.

Sentar las bases para esta negociación significa que el Gobierno reconozca: 1. Que tiene que incrementar fuertemente las aportaciones del Estado al presupuesto del Inem para utilizar preferentemente las cotizaciones por desempleo en mejorar la cobertura. Aportaciones que han caído de manera estrepitosa en los últimos años: en el 96 eran el 20% del total de ingresos del Inem, y en el 98 y 99 se estancan en el 11%.

2. Reordenar los incentivos, priorizando la incentivación directa a la creación de empleo a través de la reducción de jornada, limitando a objetivos específicos la incentivación a la contratación estable y a tiempo completo.

La estabilidad debería alcanzar la velocidad de crucero, si los empresarios compartieran sinceramente en la práctica el discurso de la estabilidad. Si no es así, y necesitan las muletas de los incentivos indefinidamente, preferimos comprobarlo cuanto antes.

Es preciso corregir la precariedad y la rotación en el empleo, con una cotización empresarial mayor en los contratos temporales, preferencia en los concursos públicos a la creación de empleo estable en la Ley de Contratos del Estado, programas específicos de la Inspección de Trabajo sobre contratos eventuales, y otras.

La lucha contra el paro tiene otro escenario básico que es el del debate con la patronal sobre la reducción de la jornada laboral, que tiene que abrirse en estos días a la negociación.

Nuestra posición está expresada en el corto plazo en la propuesta unitaria de UGT y CCOO: "La reducción y reordenación del tiempo de trabajo como política de empleo: por las 35 horas".

La reducción de la jornada laboral debe traducirse en un acuerdo interconfederal como los firmados hace un año. No prejuzgamos su contenido, aunque es una buena referencia el Acuerdo Marco Interconfederal, suscrito hace 18 años, que rebajó la jornada en 126 horas anuales e implantó el cómputo anual de la misma.

Nuestra aportación a este acuerdo es la ordenación flexible de la jornada -con participación sindical- y la moderación salarial que practicamos y que, en los términos y con las referencias actuales, mantendremos en el futuro. Para ello, la vertebración y articulación de la negociación colectiva resultan imprescindibles.

En el medio plazo, con claridad, la propuesta unitaria afirma: "UGT y CCOO destacamos, en este sentido, el papel esencial de la iniciativa legislativa para lograr una reducción amplia y generalizada de la jornada de trabajo y un impacto eficaz sobre la creación de empleo", trasladando su aplicación a la negociación colectiva.

Hay que generalizar la reducción de jornada -existe un millón de trabajadores sin convenio- con la fijación de la jornada máxima en 35 horas a inicios del próximo siglo, y para homogeneizar y regular la dispersión que se puede producir con los acuerdos de reducción de jornada a 35 horas de las comunidades autónomas.

Desde la reducción de jornada a 40 horas que se inició en 1980 y se alcanzó en 1983, la negociación colectiva sólo ha conseguido rebajar la jornada en un 2%, desde 1.798 horas anuales registradas en 1984 hasta las 1.769 en 1997. Éstas son nuestras propuestas y nuestras razones sindicales.

En función de los objetivos expresados, en su momento valoraremos unitariamente los resultados de la negociación y, de no ser satisfactorios, fijaremos la respuesta sindical.

No vamos a vacilar en denunciar y rechazar la contrarreforma fiscal del PP y presentar a la sociedad una alternativa equitativa, progresiva, que garantice la recaudación del Estado y que sea beligerante con el fraude fiscal, y así lo haremos codo con codo, con los sindicatos y partidos progresistas que compartan nuestra posición, para preservar el interés de los trabajadores. Vamos a seguir defendiendo con ahínco, para principios del siglo XXI, la reducción legal de la jornada a 35 horas, y requerimos a los partidos políticos progresistas para que incorporen este compromiso, consustancial al valor y la dignidad del trabajo.

El PP, en su interminable deambular hacia el oasis electoral del centro, tiene diversos senderos. Le aporta credibilidad el del acuerdo social. Está ayuno de autenticidad el de trocar un rostro barbudo por uno bien rasurado. El cambio de fachada, de vestidura, no convence más que a los convencidos. Porque ya se sabe que el hábito -aunque sea de Silos- no hace al monje.