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México protesta por el plan de EE UU de instalar un basurero nuclear en la frontera

La decisión adoptada por el Senado aún precisa el respaldo del presidente Clinton

El irrespetuoso y tradicional dictado de que los vecinos de arriba echan la basura en los de abajo parece cumplirse de nuevo. Estados Unidos ha decidido que el lugar más idóneo para un vertedero radiactivo es un pedazo de desierto en su frontera con México. Los primeros pasos legales ya se han dado para que la comunidad tejana de Sierra Blanca, a 25 kilómetros del territorio mexicano, albergue un basurero de desechos peligrosos. Las instalaciones, según los expertos, serán limpias y seguras. Los mexicanos han puesto el grito en el cielo: es "racismo ecológico".

El fantasma del cementerio de Sierra Blanca, adormecido desde hace cuatro años, revivió bruscamente el miércoles, cuando el Senado norteamericano aprobó el proyecto de ley S-270 o Texas Compact, que autoriza a los Estados de Vermont y Maine (fronterizos con Canadá) a trasladar sus residuos nucleares de baja intensidad a suelo tejano, en el extremo sur del país.El documento, que aún debe ratificar el presidente Bill Clinton, pone los cimientos de lo que hasta ahora era un proyecto difuso: la construcción de un basurero radiactivo en un paraje semidesértico, junto a una empobrecida comunidad de 700 personas... y pegado a México.

Apenas 30 kilómetros separarán al cementerio de Sierra Blanca de Ciudad Juárez, la populosa localidad fronteriza del Estado de Chihuahua.

Las autoridades de Tejas tienen la última palabra, y no parece que el asunto les quite el sueño, puesto que la propia población local está de acuerdo. Y es que, junto a las garantías técnicas ofrecidas por los expertos, el condado de Hudspeth, donde se encuentra Sierra Blanca, cuenta con otro incentivo jugoso: los 50 millones de dólares (unos 7.500 millones de pesetas) que recibirá anualmente de Vermont y Maine.

Este clima de feliz armonía contrasta con la tormenta que el proyecto ha desencadenado en México. Las protestas de partidos políticos, organizaciones ecologistas y del propio Gobierno se suceden con el desgarro propio de la impotencia. Primero brotaron los negros vaticinios sobre los efectos medioambientales y sanitarios del cementerio, cuya proximidad al Río Bravo, que abastece a los Estados mexicanos de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, ha despertado toda clase de temores.

Y después estalló la indignación ante la prepotencia del vecino del norte, que ha desdeñado los llamados Acuerdos de La Paz firmados por ambos países en 1983, que recomiendan mantener libre de desechos peligrosos una franja de 100 kilómetros a cada lado de la frontera.

Fibra sensible

La Comisión Mexicana de Seguridad Nuclear ha decidido matizar las cosas. El proyecto, dice, cumple todos los requisitos internacionales. Los desechos radiactivos serán colocados bajo tierra dentro de cilindros de cemento reforzados con acero. El peligro de filtraciones es inexistente: los acuíferos no reciben recarga del agua de lluvia de la zona y, además, no tienen conexión con el Río Bravo. Más allá de las cuestiones técnicas, sin embargo, el conflicto del cementerio tóxico ha tocado la sensible fibra del respeto político entre dos vecinos en condiciones de desigualdad. La frontera con Estados Unidos es para México una herida que supura constantemente con los problemas de la inmigración ilegal y el narcotráfico. Sierra Blanca abre una nueva llaga. Algunos lo llaman "racismo ecológico".

Peligroso precedente

"Lo que está en juego", dice Alejandro Calvillo, director de Greenpeace en México, "es el futuro ambiental de la zona fronteriza". O, como dice el escritor Homero Aridjis, presidente del ecologista Grupo de los Cien, que Estados Unidos se sienta autorizado "para arrojar al vecino del sur más porquerías en el futuro".La dirigente del izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD) Laura Itzel Castillo resaltó que además Sierra Blanca es una localidad pobre donde vive gran número de inmigrantes hispanos.

El problema no parece tener mayor remedio. A pesar de ello, el Congreso mexicano ha anunciado que presentará una demanda en el Tribunal Internacional de La Haya; y Rosario Green, secretaria de Relaciones Exteriores, sigue confiando en que las conversaciones diplomáticas disuadan a Estados Unidos de la construcción del confinamiento.

Su optimismo contrasta con la cruda frase pronunciada por la ministra de Medio Ambiente, Julia Carabias: "El Gobierno mexicano ha aplicado todas las herramientas a su alcance. No tenemos más".

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 5 de septiembre de 1998