El ex dictador argentino Videla acude a declarar ante el juez en ambulancia

Después de varios aplazamientos, el ex general Jorge Rafael Videla, jefe de la primera Junta Militar argentina tras el golpe de estado de 1976, se presentó ayer de nuevo ante la justicia para declarar en la causa que investiga el destino de los cuerpos de dos dirigentes guerrilleros capturados durante la dictadura. Videla acudió en una ambulancia con equipamiento de cuidados intensivos al juzgado federal de San Martín, donde declaró durante varias horas ante el juez Alfredo Bustos en presencia de un médico. El ex militar padece una dolencia crónica del corazón.Los abogados y Jorge Horacio Videla, médico de profesión y nombrado oficialmente "cuidador" de su padre, han alegado reiteradamente problemas de salud para postergar la presencia del ex dictador ante la justicia.En este ocasión se trata de la causa que investiga el paradero de los cadáveres de Mario Roberto Santucho y Benito Urteaga, máximos dirigentes del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), capturados por los militares el 19 de julio de 1976.

La versión oficial dio cuenta de que los dos insurgentes murieron en el tiroteo que se entabló durante el operativo, pero testigos presenciales aseguraron haber visto con vida a Santucho y Urteaga en la guarnición de Campo de Mayo.

Según el testimonio del cabo del Ejército Víctor Ibáñez, los cadáveres de los guerrilleros fueron enterrados en aquellas instalaciones militares. Los familiares de los líderes del ERP piden que se localice, identifique y recupere los cuerpos de los desaparecidos.Videla cumple actualmente arresto domiciliario en su vivienda del barrio bonaerense de Belgrano después de que el juez Roberto Marquevich ordenara su detención e ingreso en prisión el pasado 9 de junio, por su responsabilidad en la sustracción de hijos de detenidas-desaparecidas durante la dictadura.

84 casos

Por otra parte, el pastor de la Iglesia evangélica metodista argentina José de Luca presentó ayer en Madrid al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, que investiga los desaparecidos en Argentina, una voluminosa documentación sobre los 84 religiosos, entre ellos dos obispos, asesinados por la dictadura entre 1976 y 1983, informa Ramón Lobo. Es la primera vez que una autoridad religiosa argentina coopera como testigo con este caso. Luca admitió que otros religiosos formaron parte de la cobertura ideológica del golpe. "Pero aquellos que trabajamos en derechos humanos nos convertimos en enemigos", dijo.Ana Claudia Oberlin, de 22 años, hija de René, un montonero desaparecido en 1977, entregó al juez testimonios de hijos de desaparecidos recogidos por su organización, Hijos por la Vida y la Justicia contra el Olvido y el Silencio, una de las ONG más activas y precursoras del escrache (poner en evidencia, en argot porteño), un sistema de justiciapopular, que consiste en localizar el domicilio de los ex torturadores y explicar su currículo a los vecinos. "El resultado es bueno, muchos son repudiados en sus barrios y se ven forzados a mudarse de casa", dice Ana.