El PSE incluye en su programa regularizar las dietas de los diputados que no cotizan a Hacienda

El PSE incluye en el borrador de su programa electoral un compromiso para regularizar los salarios de todos los parlamentarios vascos, que cobran entre dos y tres millones de pesetas en concepto de dietas y gastos de locomoción que no cotizan a Hacienda. La inaudita situación irregular de los diputados, que en cualquier otro ciudadano generaría una sanción económica de la inspección de tributos, estuvo a punto de solucionarse hace dos años, pero los grupos no llegaron a un acuerdo. Los sueldos de los parlamentarios oscilan entre los 4,3 y los 11,7 millones del presidente.

Los socialistas vascos consideran que no tributar a Hacienda una tercera parte de lo que los diputados cobran en el Parlamento vasco es una asignatura pendiente que debe regularizarse. Por eso han incluido ese compromiso en el borrador del programa para el 25-O que el PSE aprobará definitivamente el 12 de septiembre en una reunión del Comité Nacional. Los sueldos y dietas de los diputados forman parte del Estatuto del Político vasco, aparcado el verano de 1996 ante la falta de acuerdo de los grupos. Los parlamentarios vascos cobran 4,3 millones brutos al año; los secretarios, 6,4 millones; los vicepresidentes, ocho millones, y el presidente, 11,7. Pero además, los representantes en la Cámara reciben entre dos y tres millones de pesetas más en concepto de dietas y gastos de locomoción que cobran independientemente de que acudan o no al hemiciclo, y, por supuesto, libres de impuestos. Los 19 parlamentarios alaveses cobran 1,3 millones anuales por dietas y 672.960 pesetas por gastos de locomoción. Los 22 diputados residentes en Guipúzcoa cobran 2,3 millones en dietas más las 672.960 pesetas por gastos y los 28 de Vizcaya, dos millones cada uno más la misma cantidad por gastos. Los seis miembros de la Mesa de la Cámara y los consejeros incrementan levemente esas cantidades. Centro del debate Los socialistas quieren convertir el Parlamento vasco en el centro del debate político. Para ello consideran prioritario dar luz verde a su reglamento. Precisamente la inclusión en su dictamen de un apartado que obligaba a los diputados a jurar y acatar la Constitución generó un conflictos entre nacionalistas y no nacionalistas que finalizó con la salida del PSE del Gobierno vasco. El apoyo de HB al PNV y EA para evitar tener que jurar la Constitución provocó la ruptura del Ejecutivo y el voto contrario del PSE a un reglamento en el que los diputados llevaban trabajando más de una década. Uno de los principales objetivos del PSE, dentro del capítulo de su programa sobre reforma institucional, es la aprobación de la Ley Municipal y una revisión del entramado que conforman el Estatuto y la Ley de Territorios Históricos, con el punto de mira puesto en definir con claridad las competencias de cada Administración para el fomento de determinadas actividades. "Ese problema es producto", cita el programa, "básicamente de una indefinición y de un déficit. La indefinición deriva del defectuoso entendimiento por las administraciones de su capacidad genérica de fomento". Para el PSE se trata de una competencia ambigua, difusa y de la que, de forma especial, las diputaciones, pero también los ayuntamientos, "usan y abusan". Simplificación Para el PSE es fundamental simplificar las estructuras organizativas de las administraciones vascas con dos criterios: "Sólo debe haber estructuras administrativas cuando la competencia sea exclusiva de esa administración. En segundo lugar, no se deben crear estructuras o mantenerlas si las existentes, aunque pertenezcan a otra Administración, pueden prestar el servicio". Para el PSE, la reducción de carteras y de cargos que ya se abordó en el Gobierno vasco la pasada legislatura es una tarea pendiente en las administraciones forales y en los ayuntamientos, "en la medida de lo posible". Toda esa reforma redundaría, según el borrador del programa, en una mayor lealtad institucional, en una descentralización y delegación que agilizará la relación con el ciudadano y mejorará los mecanismos de coordinación interinstitucionales ya existentes. "Se trata de que exista un mecanismo de coordinación entre administraciones por cada una de las áreas de actuación pública", cita el texto. El PSE aprobará el programa y las listas de los tres territorios al mismo tiempo, en la reunión que se celebrará el próximo día 12.