Presidencia del Gobierno acomete la reorganización del sistema español de I+D

Presidencia del Gobierno quiere reorganizar el sistema de Investigación y Desarrollo (I+D) español y ha dado luz verde al proyecto de un nuevo plan nacional que entre en vigor en el 2000. Uno de sus objetivos es coordinar a través de la Oficina de Ciencia y Tecnología (OCYT) todas las actividades de I+D financiadas por los presupuestos del Estado y repartidas entre una decena de ministerios. También subir hasta el 1% en esta legislatura el porcentaje del producto interior bruto (PIB) dedicado a esta partida (actualmente, un 0,8%, muy inferior a la media europea).

Las primeras actuaciones se dirigen a dos áreas tecnológicas (energía y transporte), al fortalecimiento de la investigación básica y al apoyo al nuevo Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas CarlosIII. También se especifica en los documentos de la OCYT el incremento de los recursos para biotecnología, salud y farmacia, y la potenciación de I+D en tecnologías de la información.El sistema de ciencia y tecnología español recibió el impulso de modernización, que lo ha sacado del secular abandono, con la Ley de la Ciencia de los años ochenta. La importancia y virtudes de dicha ley son reconocidas por responsables ahora de I+D en Presidencia, quienes hacen hincapié en que los nuevos planes para el 2000 pretenden hacerla efectiva en toda su extensión y superar los errores y dificultades acumulados.

El desarrollo del nuevo plan fue aprobado en la última reunión de la Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT) celebrada este mes bajo la presidencia de José María Aznar, en la que se acordó también la propuesta presupuestaria para 1999. Dicha propuesta contempla 213.726 millones de pesetas para ciencia y tecnología. Las cifras oficiales añaden a esa cifra 186.383 millones para la producción de aviones de combate, fragatas y carros de combate.

Fernando Aldana, director de la OCYT, considera que se podría llegar a un porcentaje de inversión del 1% del PIB al final de esta legislatura, acercándolo al de Italia, con un 1,13%, distante aún de la media europea del 1,85%. Otro objetivo clave es aumentar el peso de la inversión privada de un 47% del total ahora a un 60%.

Falta de coordinación

Sólo un 10% del gasto público en I+D, que ronda los 200.000 millones de pesetas en España en la última década, se ha gestionado y coordinado bajo los criterios de la Ley de la Ciencia, afirman los responsables del sector en Presidencia, que califican dicha normativa de "esfuerzo magnífico para tratar de coordinar y lubricar todo el sistema". Ese 10% corresponde al plan nacional gestionado desde el Ministerio de Educación y Cultura. La primera tarea de la nueva oficina es recabar información de todo el I+D español, disperso en una decena de ministerios.La falta de coordinación efectiva entre todos los departamentos, pese a la existencia de la CICYT, es una deficiencia fundamental detectada. Esta carencia es especialmente patente en las áreas tecnológicas. A partir de aquí, la oficina se plantea el objetivo de planificar de acuerdo a criterios globales de interés para la economía española y para la producción científica estableciendo áreas estratégicas. El seguimiento del cumplimiento de los planes es igualmente fundamental en la nueva estrategia. La información recabada por la OCYT ha puesto de manifiesto distorsiones en el esfuerzo presupuestario como el "insuficiente 1% dedicado a ciencias y tecnologías marinas en un país eminentemente costero y pesquero como España, o el 0,1% correspondiente a tecnologías del transporte", según un comentario de Presidencia.

Una cuestión determinante es quién va a disponer sobre el dinero global asignado a I+D. Según el nuevo esquema, la financiación global de los presupuestos generales del Estado para el sector se distribuye en la CICYT y no independientemente en cada ministerio.

¿Se tiene que echar a temblar alguien con estos cambios? "Sólo el que lo haga mal, el que no haga investigación de calidad", afirma Aldana. La estrategia planeada es evitar el reparto uniforme y lineal de fondos (el rechazado y temido en gran parte de la comunidad científica café para todos), y utilizar los recursos para empujar el avance de áreas identificadas como de interés económico o estratégico, sin disminuir el apoyo de los programas de excelencia en funcionamiento.

La OCYT se declara defensora a ultranza del sistema de evaluación con criterios objetivos y de su extensión a todos los ámbitos de I+D del Estado. La implantación de la evaluación por parte de expertos nacionales e internacionales -que hasta ahora ha funcionado razonablemente bien en el ámbito científico circunscrito a Educación- al resto de los departamentos, a las grandes instalaciones científicas y a los proyectos es un reto del nuevo plan.