El "medicamentazo" se queda en 35 fármacos menos de los previstos en febrero

El próximo día 1 de septiembre dejarán de estar subvencionados por la sanidad pública 834 medicamentos. El Gobierno aprobó ayer el Real Decreto de ampliación de la financiación selectiva de fármacos, bautizado como medicamentazo por el propio PP en la oposición cuando la aplicó el Gobierno socialista en 1993. Prevista como una medida de ahorro para la financiación adicional de la sanidad, las expectativas, no obstante, se han rebajado de 33.500 millones a 12.000 para este año, dada la larga gestión del proyecto desde que se anunció a finales de 1997.

La lista definitiva aprobada ayer afecta a 984 presentaciones farmacétuticas distintas fabricadas por 190 laboratorios. Su consumo el año pasado a través de la Seguridad Social supuso una factura de 34.634 millones de pesetas. Las dos razones que ha argumentado el Ministerio de Sanidad para hacer esta selección son la baja utilidad terapéutica de un gran porcentaje de los fármacos excluídos o su indicación para síndromes menores.Del listado inicial, que contenía 869 medicinas, se han salvado 35 tras las sucesivas recomendaciones de expertos, organizaciones profesionales, consumidores y sociedades científicas. En opinión del ministerio de Sanidad se trata de una modificación "mínima" que afecta al 4% de los fármacos previstos. Los indultados, y que por tanto seguirán subvencionados, son dos tipos de laxantes, antidiarreicos, antibióticos para el acné y preparados oftalmológicos. La salvedad que se ha hecho con otro amplio grupo de laxantes orales para mayores de 65 años y en caso de que esté contraindicado otro medicamento, en la práctica también los dejará disponibles para una buena parte de los usuarios.

Críticas socialistas

Para la portavoz socialista en la comisión de Sanidad, Ángeles Amador, estas dos circunstancias descritas muestran "que la lista estaba mal hecha y que es imposible de gestionar con estas excepciones". Amador coincide con la gran mayoría de los críticos a la forma en que se ha llevado a cabo la lista de exclusiones en considerar que "sólo obedece a dos objetivos: recortar el gasto público y no producir trastornos a la industria farmacéutica".Como medida de ahorro para conseguir los 65.000 millones acordados para la financiación adicional de la sanidad, el medicamentazo no dará sus frutos, al menos este año. Su larga tramitación desde que se anunció a finales de 1997 ha rebajado las expectativas desde los 33.500 millones previstos a los 12.000 para los meses que quedan, según informó ayer mismo Sanidad. El resto espera compensarse estimulando el consumo de genéricos y tensando más las cuerdas de la prescripción de recetas dentro de los centros públicos. A ello se sumará la aportación que hará Farmaindustria de unos 39.000 millones de pesetas este año.

La patronal farmacéutica se limitó ayer a reiterar su escasa confianza en esta medida como fuente de ahorro para la sanidad pública así como su apuesta por implantar en España más sistemas de copago (mayor aportación del usuario al coste de los servicios sanitarios).

La factura farmacéutica pública ascendió el año pasado a 856. 969 millones de pesetas en todo el Estado. Y fue un año especialmente benévolo para el gasto al beneficiarse del recorte de los márgenes de beneficio a las farmacias y los mayoristas. La tendencia este año refleja un crecimiento del gasto de un 10% de media en toda España.

El portavoz del Gobierno, Josep Piqué, afirmó ayer en la conferencia de prensa tras el Consejo de Ministros que esta medida "no es un ahorro más, sino que consiste en liberar recursos para poder hacer otros gastos en el conjunto del Sistema Nacional de Salud". Piqué añadió que "los mayores serán los más beneficiados", apreciación fuertemente contestada desde otros sectores.

UGT cree que este decreto "merma la calidad de vida de los pacientes porque tienen que costearse ahora los medicamentos que venían utilizando". El sindicato entiende que medidas como esta "no tienen en cuenta la capacidad de pago de los ciudadanos, lo que va a restringir el consumo de los sectores sociales con rentas más bajas".

Subida de precios

Para Javier Doz, portavoz de CCOO, la medida es "socialmente injusta. Excluye grupos terapéuticos enteros sin que el objetivo esté claro que se vaya a producir". Doz critica que se ahorre en farmacia "cuando al Gobierno le va a costar 750.000 millones de pesetas la reforma fiscal".El futuro de estos fármacos aún no está claro. Algunos de ellos probablemente dejen de fabricarse ante la salida de otros más eficaces, mientras otros pasarán a ser catalogados como especialidad publicitaria. Con ello, además de poderse anunciar, tendrán la posibilidad de subir sus precios. La Unión de Consumidores de España (UCE) hace hincapié sobre esto último, al considerar que el efecto inmediato del decreto será un encarecimiento de los productos. La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública manifiesta su total rechazo al recorte y alude a sus "dudosos o nulos" efectos económicos.

Los responsables del Ministerio de Sanidad insistieron ayer a través de un comunicado en la necesidad de este tipo de iniciativas en un sector donde los recursos no son ilimitados. "Si no se hacen revisiones periódicas de la prestación farmacéutica, con base a los conocimientos científicos en continua evolución, no sería posible considerar la inclusión indiscriminada en la financiación de todas las novedades terapéuticas con independencia de su precio",