El Parlamento da su respaldo al nuevo modelo de financiación de la UPV

A partir de ahora, la financiación de la Universidad del País Vasco (UPV) ya no dependerá en exclusiva de la negociación entre su rector y el consejero de Educación de turno. La nueva ley de Ordenación Universitaria (LOU), aprobada ayer por el pleno del Parlamento vasco, supeditará los recursos financieros a una serie de variables objetivas y no políticas. PNV, PSE, EA, Izquierda Unida y el Partido Popular respaldaron la ley, mientras que Herri Batasuna y Unidad Alavesa votaron en contra.

El principal factor que permite a las universidades públicas disponer de autonomía es contar con un presupuesto suficiente. Hasta ahora, la UPV nunca ha tenido capacidad para fijar sus presupuestos: siempre ha dependido de lo que el Parlamento le haya asignado, después de una negociación previa entre el rector y el responsable de Educación del Gobierno vasco. La LOU pone unas condiciones que pretenden ser más objetivas, de manera que la partida económica de la Cámara no dependa sólo de la buena voluntad del consejero. Así, se han explicitado una serie de parámetros para fijar la subvención global, que es la que asegura el funcionamiento ordinario de la Universidad. Entre otras variables, figuran la cantidad de alumnos que accede a la Universidad en primer curso, el peso de cada facultad, el número de estudiantes por grupo, la cantidad de créditos matriculados, la carga docente del profesorado, el personal de administración y servicios, el coste medio de la plantilla o los coeficientes para la mejora de la calidad docente. Además de la subvención ordinaria, la ley también incluye el sistema del contrato-programa como otra posible vía de financiación. Esta fórmula subvenciona determinados programas y acciones previstas en el Plan Universitario, que es el eje de la ley, porque establece los objetivos a alcanzar por la Universidad y los criterios que hay que seguir para lograrlos. El consejero de Educación, Inaxio Oliveri, insistió en el pleno en que la Universidad no puede quedar al margen de la Administración, porque ésta invierte miles de millones de pesetas cada año en su mejora. El PP retiró la enmienda a la totalidad que había anunciado días antes, aunque apuntó que le hubiera gustado una ley "con mayor carga descentralizadora".