HB traslada al Tribunal Superior la polémica sobre la traducción del euskera en los juicios

El revés sufrido esta semana por los letrados del Sindicato de Abogados Euskaldunes en su batalla contra la utilización de traductores en los juicios no ha hecho mella en su campaña. Ayer dispararon por elevación y la letrada y parlamentaria de Herri Batasuna Jone Goirizelaia tomó el testigo al solicitar por primera vez ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco la suspensión de un juicio, en el que el encausado es el dirigente independentista Xabier Zubizarreta, porque los magistrados no sabían euskera. La sala, tras deliberar, decidió continuar sin el procesado.

En su petición de suspensión de la vista oral, la letrada independentista Jone Gorizelaia manejó los argumentos que de manera reiterativa han paseado casi exclusivamente por los tribunales guipuzcoanos los letrados del Sindicato de Abogados Euskaldunes. Goirizelaia indicó que la utilización del sistema de traducción no garantiza los derechos procesales y supone, de hecho, un ataque contra los derechos fundamentales, una vulneración de la tutela judicial efectiva y un menosprecio a una de las lenguas cooficiales en el País Vasco. Este comportamiento ha supuesto para los defensores del citado planteamiento varias sanciones y multas a manos de los jueces y la continuación de las vistas orales con letrados de oficio. En Vizcaya, esta situación sólo se había vivido en un juzgado de Gernika (con la letrada, también de HB, Arantza Zulueta) y el pasado 1 de junio, cuando el letrado Endika Garai, portavoz del Sindicato de Abogados Euskaldunes, renunció a proseguir con la demanda civil interpuesta contra el presidente saliente de la Audiencia de Bilbao, Joaquín Giménez. El caso estaba relacionado con un cruce de declaraciones entre el magistrado y Garai, a raíz de la sentencia condenatoria contra un insumiso, en la vista de un recurso que se celebró en euskera sin que la sala conociera esta lengua. Dos frentes de respuesta El letrado imputó a la juez de primera instancia encargada de la demanda civil contra Giménez "incompetencia, carencia y torpeza lingüística para este procedimiento". El jarro de agua fría ha llegado esta misma semana cuando la misma juez, en la sentencia absolutoria de Giménez, ha acusado al letrado de la parte demandante de haber actuado con "finalidades extrajurídicas", con una "clara instrumentalización del presente proceso" y con una evidente "mala fe procesal". Pese a este repaso a toda la estrategia "extrajudicial" del sindicato, la respuesta llegó ayer desde dos frentes. El abogado Endika Garai anunció que volverá a presentar la demanda contra Giménez por intromisión ilegítima en el honor "cuando los juzgados de Primera Instancia de Bilbao cuenten con magistrados que sepan euskera". El segundo frente fue trasladar la polémica de los traductores, hasta ahora reducida a Guipúzcoa y como máximo la Audiencia Provincial, a la cabeza de la Justicia en Euskadi: el Tribunal Superior. El caso que tenían que ver ayer los magistrados del alto tribunal era menor. La Fiscalía acusa al parlamentario y miembro de la Mesa Nacional de HB, Xabier Zubizarreta, de una falta de resistencia a la autoridad y le pide 25 días de multa. Los hechos se remontan al 27 de septiembre de 1996 cuando, en una manifestación no comunicado al Departamento de Interior celebrada por HB en Mondragón, Zubizarreta, entonces alcalde de la localidad, zarandeó supuestamente a un ertzaina cuando el agente fue a la cabeza de la marcha para identificar a los responsables de la manifestación. En la vista oral de ayer, ya sin el acusado en la sala, los agentes, que testificaron tras un biombo para preservar su identidad, ratificaron que el entonces alcalde zarandeó a un policía y afirmó: "Quien manda y autoriza la manifestación soy yo, así que márchate que aquí no pintas nada". Antes de estas declaraciones de los agentes, los magistrados de la Sala se habían retirado a deliberar ante la petición de suspensión realizada por la letrada de Zubizarreta. La fiscal se mostró contraria a la suspensión, argumentando que la Ley Orgánica del Poder Judicial permite la utilización del traductor cuando una de las partes desconoce la lengua y la Ley de Enjuiciamiento Criminal prevé la celebración de un juicio sin presencia del acusado. Junto a estos argumentos, los magistrados guipuzcoanos han apelado también a un auto de la sección segunda del Tribunal Constitucional, de 1997, en el que se niega que se vulneren los derechos del justiciable por la utilización del traductor y se rechaza que los "componentes de los órganos judiciales tengan la obligación de conocer debidamente el idioma cooficial". Esta resolución, firmada por la Sala del magistrado Jiménez de Parga, obedece a un recurso de amparo promovido por los letrados José Manuel Balenziaga y José Miguel Etxeberria contra un auto de la Audiencia donostiarra de abril de 1997 en el que se invocaban los mismos argumentos esgrimidos ayer por Jone Gorizelaia, quien criticó la celebración del juicio sin el acusado.