La delegación oficial chilena pasará su última noche en España en la finca de caza de Cirsa

VIENE DE LA PÁGINA 1 Ese mismo martes, ya en Andalucía, la misión oficial chilena tenía programada en su agenda de actividades una reunión con el director de la Asociación de Casinos de Marbella y con el director del casino de esa ciudad, Víctor Tapias, propiedad del grupo Cirsa. Para la jornada de hoy, está prevista una visita, a las diez de la mañana, al presidente del Parlamento de la Comunidad de Madrid, Juan Van-Halen. Una hora más tarde se celebrará otra reunión, en este caso con el secretario de Estado de Justicia, José Luis Gómez Montes. También hoy por la tarde, la delegación marchará hacia la propiedad El Molinillo, "finca de caza del grupo Cirsa y L & G", donde, ya mañana, último día de la gira, está previsto que se lleve a cabo un safari fotográfico antes de iniciar el regreso a Santiago de Chile. Cirsa, propiedad de los hermanos Manuel y Juan Lao, es una de las empresas líderes del sector español de máquinas tragaperras, con una facturación consolidada superior a 80.000 millones de pesetas. Además, Manuel Lao controla, en este caso sin la participación de su hermano, la recién creada L & G, que ha asumido el papel protagonista en la expansión del grupo de juego. Recientemente, L & G recibió un crédito sindicado de 4.500 millones de pesetas en el que participaba el Instituto Catalán de Finanzas, dependiente de la Administración catalana. La iniciativa de la Generalitat de apoyar la misión organizada por Cirsa no ha sido muy bien acogida por otras empresas del sector, que consideran injustificada la ayuda a un solo grupo privado, en este caso Cirsa. Estas críticas se producen justo en plena polémica entre los dos grandes grupos del sector de las máquinas tragaperras en España, Cirsa y Franco. Este último ha visto precintadas 104 máquinas tragaperras en Cataluña tras una denuncia de la asociación Facomare, a la que Franco acusa de estar en manos de Cirsa. También acusa a la Generalitat de ayudar al grupo Cirsa. La misma denuncia fue presentada ante el Ministerio del Interior. En este último caso, portavoces del ministerio han señalado que está siendo tramitada y que, ante la existencia de dictámenes contradictorios sobre la legalidad o no de las modificaciones introducidas en las máquinas, están a la espera del resultado de diversos análisis del Laboratorio General de Ensayos de la Generalitat sobre el funcionamiento de las memorias de las máquinas denunciadas y que son las que rigen la regularidad y cuantía de los premios. Por el contrario, fuentes próximas a los denunciantes consideran que la Administración central está actuando con lentitud y que además autorizó modificaciones en las máquinas del grupo Franco sin tener autorización para ello.