El agua tóxica del Guadiamar no se tratará, según los consejos del CSIC
El desembalse del agua tóxica que quedó atrapada entre los diques de la zona de Entremuros tras la rotura de la balsa minera de Aznalcóllar (Sevilla) no se hará según las últimas recomendaciones del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). El proyecto que presentó ayer el equipo de profesores de la Escuela de Ingenieros de la Universidad de Sevilla a la comisión de coordinación descarta el uso de cal -como habían aconsejado los informes del CSIC- para precipitar los metales pesados, en favor del carbonato sódico.
"El cinc sólo precipita entre el pH 8 y pH 11, y el carbonato sódico nos permite controlar mejor la acidez del agua que el hidróxido cálcico", explicó José Vales, uno de los profesores del equipo de la Universidad de Sevilla. El cuarto informe del CSIC recomendaba tratar los 4,5 hectómetros de agua tóxica con hidróxido cálcico que sería lanzado sobre el agua con mangueras o desde barcas. La principal preocupación expuesta ayer por el equipo de profesores ante el representante de la Junta, José Antonio Viera y el representante del Gobierno, Félix Pérez Miyares. es la cantidad de cinc -unas 800 toneladas-, disuelto en el agua tóxica que ocupa 1500 hectáreas.
12 horas de reactivos
El último informe del CSIC también abogaba por desaguar las aguas tóxicas, una vez tratadas con el reactivo químico, directamente al Guadalquivir. Los científicos consideraban que el nivel actual del pH en Entremuros -entre 8 y 8,5 cuando el pH 7 es el nivel de acidez neutra-, facilitaba la precipitación de los metales pesados. "La mayor dificultad es saber cuánto reactivo utilizar cuando la profundidad del agua va de 10 centímetros a medio metro y las cantidades de cinc tampoco son homogéneas", indicó Luis Salvador, jefe del equipo de profesores de la Universidad de Sevilla. Los reactivos tendrían que actuar entre 12 y 24 horas para hacer posible la precipitación total de los metales al fondo."La cal no es suficiente", recalcó Salvador que subrayó la necesidad de construir una balsa en el punto de salida del desembalse para controlar los niveles de pH y de cinc en el agua antes de dejar que llegue al Guadalquivir. "Nos facilitaría una segunda oportunidad de garantizar la calidad del agua", explicó Salvador. Una medida que ya fue recomendada por el CSIC en su primer informe. La incorporación de este sistema de garantía apenas produciría más fango, según el jefe del equipo de profesores que cifró en 300.000 metros cúbicos los lodos que quedarían en el fondo tras el desagüe al Guadalquivir.
La operación no empezará aún. Salvador trazó los límites: "Si se quiere hacer el desagüe en 30 días habría que tratar 10.000 metros cúbicos a la hora, lo mismo que el consumo medio de una ciudad de un millón de habitantes". El bombeo del agua tóxica necesitará de un nuevo tendido eléctrico que puede retrasarla varios días más.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.
Archivado En
- Residuos tóxicos
- Boliden Apirsa
- Vertederos ilegales
- Vertederos
- CSIC
- Liderazgo político
- Residuos
- Delitos ecológicos
- Organismos públicos investigación
- Vertidos
- Saneamiento
- Política científica
- Minería
- Investigación científica
- Andalucía
- Contaminación
- Salud pública
- Comunidades autónomas
- Equipamiento urbano
- Política sanitaria
- Administración autonómica
- Materias primas
- Sucesos
- Problemas ambientales
- Delitos