La Generalitat se propone crear 5.000 puestos de trabajo para minusválidos
El Departamento de Bienestar Social de la Generalitat prevé doblar en los próximos seis años las 5.613 plazas que existen actualmente en los Centros Especiales de Trabajo (CET) para minusválidos físicos y psíquicos. Éste es uno de los compromisos que se ha fijado la Generalitat en el Plan de Inserción Laboral de las Personas Disminuidas para el periodo 1998-2004. El plan ha sido recibido con escepticismo por las asociaciones de minusválidos, que lo califican de "excesivamente ambicioso" y de difícil aplicación dado su elevado coste económico (25.000 millones).
El plan fija como principal objetivo incentivar la integración de las personas discapacitadas en el mercado de trabajo ordinario y apunta que sólo en los casos en que ello no sea posible se debe recurrir a los centros especiales de ocupación, gestionados en Cataluña por 140 entidades sociales. La plantilla de estos centros está integrada por al menos el 70% de trabajadores con disminución, que perciben el salario mínimo interprofesional, costeado a partes iguales por la Generalitat y la empresa en la que trabajan. Además de aumentar en 5.000 el número de plazas en estos centros, Bienestar Social se propone redefinir su función para convertirlos en "verdaderos instrumentos para ayudar a los discapacitados a pasar del trabajo protegido a las empresas ordinarias". En Cataluña, según informan fuentes del Departamento de Bienestar Social, hay actualmente 188.166 minusválidos reconocidos, cifra que significa el 3,1% de la población. El colectivo más numeroso lo integran los discapacitados físicos (59,1%), mientras que el 28,2% sufre una disminución de carácter psíquico y el 12,7% restante, de tipo sensorial . Más de la mitad de la población con disminución (unas 100.000 personas) tiene reconocido un grado de discapacidad inferior al 65%, por lo que goza de un nivel de autonomía que posibilita su inserción sociolaboral, al menos en un sistema de trabajo protegido. El colectivo que más esperanzas ha depositado en el nuevo plan de la Generalitat es el de los discapacitados físicos, el más afectado por la desocupación. Según una portavoz de la Federación ECOM-Lairet, el 70% de los disminuidos físicos de Cataluña está en paro. Ello es debido, en su opinión, a que hasta hoy "las políticas de inserción laboral para disminuidos ha marginado a este colectivo". La responsable de la federación aplaude las nuevas líneas estratégicas diseñadas por Bienestar Social porque, "por primera vez, no se deja de lado a los disminuidos físicos". Sin embargo, expresa su temor a que este plan no sea más que una declaración de buenas intenciones. "La experiencia nos ha enseñado a dudar de la voluntad y la capacidad del Gobierno catalán para cumplir sus compromisos", indica. Cambios legislativos En el mismo sentido se expresa el responsable de la Federación Catalana pro Personas con Disminución Psíquica, Jordi Tudela, quien apunta que la Generalitat no dispone de los instrumentos necesarios para desarrollar el plan que ha aprobado. Tudela desconfía especialmente del cumplimiento de los objetivos previstos, que requieren la modificación de algunos aspectos de la Ley de Integración Social de los Minusválidos (LISMI), aprobada hace 15 años por el Congreso de los Diputados. "Al no tratarse de una normativa autonómica, la Generalitat puede tener problemas para conseguir las modificaciones que plantea", indica Tudela. Una de las reformas legislativas que propone Bienestar Social es la reducción del número de trabajadores que debe tener una empresa para verse obligada a contratar trabajadores con disminución. El artículo 4 del real decreto 1451 / 1983 fija el límite en 50 trabajadores, que debería reducirse a la mitad de acuerdo con la propuesta de Bienestar Social. La Generalitat también aboga por suprimir el porcentaje máximo (que la ley establece en el 51%) de trabajadores discapacitados que una empresa ordinaria podrá contratar. Bienestar Social propone establecer un canon para castigar a las empresas que incumplan la reserva de plazas para minusválidos, como recomienda el Consejo de Europa. La diputada socialista Marina Geli coincidió ayer con las organizaciones de minusválidos en calificar de "desorbitados" los objetivos que se ha marcado Bienestar Social El PSC ve tras este plan de inserción sociolaboral de los minusválidos "una política de escaparate, no ajustada a la realidad". Geli reprocha a la Generalitat que desde finales de 1997 no ha concedido ningún permiso a los 1.500 minusválidos que están en lista de espera para acceder a Centros Especiales de Trabajo u otros servicios, como centros ocupacionales, centros de día y hogares-residencia.
