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Editorial:

Gates contra el Estado

EL PASADO lunes, la fiscal general de Estados Unidos, Janet Reno, junto con los fiscales de 20 Estados de la Unión, ha interpuesto una demanda judicial contra Microsoft por presuntas prácticas ilícitas contra la libre competencia. La demanda se ha sustanciado tras varios intentos fallidos de conciliación que culminaron en una última reunión mantenida los pasados viernes y sábado entre representantes de ambas partes.La empresa Microsoft ostenta, a través del sistema Windows en sus diversas versiones, el monopolio casi total del mercado de sistemas operativos para ordenadores personales, como demuestra que casi el 90% de todos los que existen en el mundo lo tiene instalado. Pero no es esto lo que la autoridad judicial encuentra censurable. El objeto de sus investigaciones, y de la demanda posterior, es la supuesta utilización de esta posición dominante para monopolizar también el mercado de los browsers (ojeadores o navegadores de Internet). Ese sector estaba dominado hasta hace poco, en una medida similar a la de Microsoft en los sistemas operativos, por la empresa Netscape, que es quien más está impulsando que se tomen medidas legales contra Microsoft. Tras abandonar una posición de desconfianza en el potencial de desarrollo de la red, la empresa de Bill Gates cambió hace tres años su estrategia para basarla en Internet, intentando contrarrestar su debilidad en este terreno mediante el lanzamiento de su propio browser, el Internet Explorer (IE).

El IE ha sido distribuido en combinación con Windows 95, de modo que su difusión se beneficiará de la privilegiada situación ganada en el campo de los sistemas operativos. Los demandantes denuncian la existencia de imposiciones por parte de Microsoft sobre los vendedores de ordenadores para que los usuarios, al comprar un PC con su sistema instalado, se encuentren también con el IE ya dispuesto, con lo que se desanima la utilización del browser competidor. Es verdad que éste puede instalarse siempre y sin coste, pero lo normal es que los usuarios utilicen lo que viene ya incorporado, y no se arriesguen a manipulaciones que pueden perturbar el buen uso de su ordenador. Esas tácticas han tenido éxito, puesto que hoy se estima que el Explorer, partiendo de cero, ha ganado una cuota del 40% en el mercado de navegadores.

Con la próxima salida de la nueva versión Windows 98, el problema se agrava al estar la tecnología de Internet incorporada al propio sistema operativo. Se navegará con las mismas herramientas tanto a través de la red como dentro del propio ordenador. Un desarrollo natural que convierte en casi imposibles las exigencias de la autoridad antimonopolio norteamericana, y en plausible, el ascenso del IE en detrimento de su competidor. De ahí que el pasado 16 de mayo se rompieran las conversaciones. Microsoft decidió iniciar la comercialización de su nuevo software y los fiscales presentaron la demanda.

Lo que se debate es, primordialmente, si son aceptables todos los medios para hacerse con el dominio en un sector a partir del monopolio de hecho en otro tan básico como el de los sistemas operativos, barriendo a los competidores que no tienen esa ventaja inicial. Parece, pues, razonable la preocupación por que no se usen medios ilícitos para forzar a proveedores y usuarios desde una posición de completo dominio. Todo el mundo está de acuerdo en que las empresas de comunicaciones, de informática y, en general, las que incorporan nuevas tecnologías, son hoy uno de los motores económicos primordiales de Estados Unidos. Crean riqueza y empleo, y todos se dicen dispuestos a defender su futuro. Pero los demandantes opinan que las posiciones dominantes en esos sectores estratégicos impiden la innovación y la entrada en escena de nuevos actores económicos, mientras que la empresa acusada sostiene que esta intervención judicial es precisamente la que perjudica esa actividad innovadora. Y con ella, a grandes empresas de informática, cuyos productos dependen de la expansión de los hábitos informáticos y de comunicación entre los consumidores.

Desde un punto de vista más general, lo que subyace es el temor a la consolidación de un enorme poder fáctico del que dependa sin restricciones algo tan importante como el acceso a lo que puede convertirse en el canal por el que discurrirá la comunicación, el comercio y la información en el futuro. Desde ese punto de vista, parece lógico pensar que las autoridades deban actuar cuando consideren que el interés general en materia tan delicada pueda ser dañado. Lo que se debate en este caso son cuestiones básicas sobre qué regulación es necesaria en una sociedad de mercado. Se trata de un terreno resbaladizo, por lo que no parece aventurado esperar un proceso largo y complejo.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 20 de mayo de 1998