Los profesores universitarios de Canarias amenazan con un final de curso conflictivo

El final de curso puede verse perturbado en las dos universidades canarias (La Laguna y Las Palmas de Gran Canaria) si las autoridades educativas y el profesorado no alcanzan a partir de mañana un acuerdo a partir de un documento presentado por los representantes de los profesores frente a la propuesta del Gobierno autónomo sobre la mejora de sus condiciones salariales.En pleno conflicto de enseñanzas medias -con la imposición de tutorías de atención a los padres en horario de tarde como principal caballo de batalla-, la Consejería de Educación ha tenido que afrontar este nuevo conflicto de carácter laboral en el que los profesores de ambas universidades canarias han convocado varias jornadas de huelga y han llegado incluso a amenazar con tomar medidas de presión más drásticas si el Ejecutivo no atiende sus reivindicaciones.

El profesorado universitario reclama la homologación de sus retribuciones a las de los docentes de secundaria en sus correspondientes categorías funcionariales, ya que éstos cobran salarios que superan en una media de entre 200.000 y 500.000 pesetas anuales el sueldo de sus colegas universitarios. Así, por ejemplo, un profesor de secundaria gana 3.881.532 pesetas / año frente a los 3.456.900 pesetas / año de un titular de escuela universitaria, según datos de la Dirección General de Universidades. Junto a la decisión de no participar voluntariamente en los próximos tribunales de selectividad, los docentes universitarios barajan incluso tomar medidas de mayor calibre, como no firmar las actas de las calificaciones finales o no realizar siquiera los exámenes de junio, ante la falta de acuerdo con Educación.

Dado que la equiparación de salarios universitarios es una competencia estatal, el Gobierno canario y el profesorado negocian incrementos salariales a través de la única vía posible: el artículo 46.2 de la Ley de Reforma Universitaria, que permite a los consejos sociales decidir el aumento de retribuciones mediante complementos individualizados.

Mayor control

La intención de la Consejería de Educación de establecer dichas subidas en función del número de aprobados y del grado de satisfacción de los propios alumnos, así como de condicionar esta solución a que el profesorado se someta a un mayor control de su actividad docente e investigadora, ha provocado un enorme malestar entre los docentes.Esta actitud «fiscalizadora» de las autoridades canarias es, en opinión de los sindicatos universitarios, el verdadero escollo, y ha sido igualmente denunciado en el conflicto de secundaria, en el que se ha acusado a la consejería -cuyos dirigentes proceden en su mayoría del movimiento sindical de la enseñanza- de «abuso de poder» y «desconfianza absoluta en la profesionalidad de los docentes».

Pese a todo, la directora general de Universidades, María Teresa González de la Fe, ha logrado desactivar, al menos en parte, las jornadas de huelga convocadas para esta semana, al propiciar el pasado viernes un acercamiento de posiciones que ha permitido desconvocar los paros en la Universidad de La Laguna.

Por contra, la de Las Palmas de Gran Canaria -que hoy formaliza el primer cambio rectoral de su corta historia (se creó en 1989), con la toma de posesión de Manuel Lobo Cabrera en sustitución de Francisco Rubio Royo- celebró ayer una asamblea en la que el profesorado criticó con dureza tanto al Gobierno nacionalista como a su socio, el Partido Popular, por entender que éste es el interlocutor idóneo para defender a nivel nacional sus peticiones. El presidente de la junta de personal, Fernando Fernández, aseguró que «la universidad vive un momento de crispación sin precedentes», y explicó que la asamblea ha calificado de «insultante» el documento de la consejería.

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria registró ayer una jornada de paro secundada mayoritariamente y llevará a cabo nuevas huelgas hoy, mañana y la próxima semana en su totalidad. Para evitar mayores movilizaciones, los profesores exigen un pronunciamiento claro del Gobierno reconociendo el «agravio» de los docentes universitarios, así como una «cuantificación oficial» del coste de la homologación. Educación baraja una cifra de entre 700 y 1.500 millones anuales, mientras los sindicatos elevan la cantidad a unos 2.400 anuales.