El Tribunal Superior obliga al Ejecutivo autónomo a abonar 1.035 millones a los docentes de secundaria

El Tribunal Superior de Canarias ha introducido un nuevo elemento en la delicada situación que vive la educación en las islas. En una reciente sentencia, dictada el pasado 4 de mayo, el alto tribunal ha reconocido que la homologación del profesorado de secundaria se ha venido aplicando erróneamente por parte de la Administración, y obliga por ello a la Consejería de Educación y Cultura del Gobierno autonómico a pagar alrededor de 1.035 millones a este colectivo en concepto de atrasos de complemento específico del año 1995.El TSJC ha respondido así a una antigua reivindicación de Comisiones Obreras, que desde 1993 viene interponiendo recursos contra el pago de cantidades inferiores a las pactadas para dicha homologación en el Acuerdo de Concertación Social suscrito con el Gobierno en 1991.

Aunque el auto judicial se refiere tan sólo al año 1995, constituye un precedente para la resolución de las reclamaciones pendientes desde el año 1992 hasta el momento actual, que, según cálculos sindicales, eleva la deuda contraída por el Gobierno con este colectivo en torno a los 5.000 millones, es decir, el 1% del presupuesto de Canarias.

Aunque la aplicación errónea de los criterios de homologación se remonta al anterior Gobierno socialista, presidido por Jerónimo Saavedra (que luego fue ministro de Educación), se ha venido a reconocer en el inoportuno momento en que el Ejecutivo nacionalista afronta un grave conflicto en secundaria. Una nueva ronda negociadora permitió acercar posiciones la pasada semana en torno a algunas de las reivindicaciones de los docentes, pero la cuestión de las tutorías de tarde para atender a los padres hace difícil alcanzar un acuerdo global, como exige Educación. Ante la firmeza de los docentes, que sostienen que las autoridades canarias «están estableciendo máximos exagerados en la implantación de la LOGSE», fuentes sindicales creen que Educación se plantea dar una salida parlamentaria al conflicto de secundaria en Canarias, dado el elevado nivel de politización que ha alcanzado. De este modo, obligaría al PSOE, al que acusa de fomentar el movimiento asambleario, a pronunciarse a favor o en contra de unas tutorías que las federaciones de padres han solicitado en horario de tarde, con la esperanza de desactivar de este modo el conflicto.