El Parlamento Europeo pide que Doñana sea «de especial interés» para fondos comunitarios

El Parlamento Europeo aprobó ayer, por consenso, una resolución en la que propugna que la empresa sueca causante del desastre ecológico en Doñana pague los daños y perjuicios. También instó a la Comisión Europea a que «instrumente con carácter de urgencia ayudas a los sectores económica y socialmente afectados». Asimismo, propone que la zona se declare «de especial interés» para la percepción de fondos comunitarios de cohesión y estructurales. La resolución, suscrita por todos los grupos de la cámara tras unificar distintas propuestas, fue adoptada sin votación en el pleno de Estrasburgo.

Aunque el acuerdo es de carácter político, y por tanto no vincula jurídicamente, tendrá una alta influencia en la gestión de los problemas planteados por la catástrofe.El documento «estima que la empresa sueca Boliden-Apirsa (propietaria de las minas de Aznalcóllar) debe hacer frente a sus responsabilidades, indemnizando a los damnificados y financiando la rehabilitación de las zonas afectadas por la catástrofe» del pasado 25 de abril.

¿Cómo lograrlo? Los eurodiputados han ideado un mecanismo ingenioso, aunque lo expresaron con cierta confusión. Partiendo de que la compañía «ha sido recientemente subvencionada» por el Fondo de Desarrollo Regional (Feder), es decir, por el presupuesto comunitario, propugna que «la cofinanciación de las acciones estructurales de recuperación recaiga directamente sobre la empresa minera».

Es decir, la Comisión -la institución que gestiona el presupuesto comunitario- debería repercutir sobre la empresa el coste que le supondría su contribución a la rehabilitación, bien aplicando a este fin los recursos concedidos a Boliden pero aún no dispuestos, bien forzándole a devolver los ya recibidos.

Aplicación anticipada

Se trata, en realidad, de una aplicación anticipada del nuevo Tratado de Amsterdam, que consagra el principio según el cual «quien contamina paga». El nuevo tratado no está todavía en vigor -falta la mayoría de las ratificaciones, parlamentarias o por vía de referéndum-, por lo que la base jurídica para aplicar algunas de estas propuestas es algo débil. Pero el Parlamento confía en que el escándalo suscitado por el hecho de que la causante del desastre ecológico sea una empresa originaria de un país orgulloso de su defensa del medioambiente bastará para ejercer suficiente presión política.La resolución pide a la Comisión, además, que instrumente ayudas a los sectores afectados, y solicita que la zona sea declarada de «especial interés» para la concentración de las acciones estructurales comunitarias. O sea, que los distintos fondos estructurales de la UE (Feder, Fondo Social, Feoga, Ifop -el dedicado a la pesca- y Fondo de Cohesión) se coordinen estrechamente para emprender una estrategia común. Objetivos: «descontaminar, restaurar y reforzar la protección del medio ambiente, así como ayudar a la población afectada». En aras del consenso, el grupo de Izquierda Unitaria renunció a su propuesta de crear una comisión de investigación sobre el desastre, a la que no se sumaron ni socialistas ni populares. Se ha sustituido por una recomendación al Ejecutivo comunitario de que colabore «con las autoridades competentes en la investigación de las causas». El Parlamento también pide un endurecimiento de las normas por las que se autorizan instalaciones de este tipo, y su prohibición en zonas «suceptibles de grave riesgo«, como lo es el entorno del parque de Doñana.

«Mal uso»

Por su parte, la comisaria europea de Política Regional, Monika Wulf-Mathies, declaró ayer en Madrid que la Comisión Europea bloqueará las ayudas de financiación que se habían otorgado a la empresa Boliden Apirsa, filial española de la multinacional sueca Boliden y responsable de la contaminación del parque natural de Doñana tras la rotura de la mina de Aznalcollar, informa Wulf-Mathies precisó que de un total de 20,5 millones de ecus (3.485 millones de pesetas) en ayudas regionales para la empresa Boliden, se han entregado 9,6 millones de ecus (16.320 millones de pesetas) y que se han bloqueado 10,9 millones (18.530 millones de pesetas). La Comisión está investigando además si ha habido un «mal uso» de los fondos comunitarios ya entregados a la empresa. De ser así, la Comisión reclamaría su reembolso.

La comisaria anunció también que reconducirá un fondo de ayuda aún no asignado a la Comunidad de Andalucía para realizar las inversiones necesarias y solucionar el desastre ecológico. La suma no asignada es de 200 millones de ecus (33.400 millones de pesetas). Este fondo, según la comisaria, ya está disponible, y la rapidez con la que se entregue «depende de las propuestas que reciban la Comisión Europea del Gobierno español».