... Y la presa rompió

Como podrá deducir, mi comunicación tiene que ver con la catástrofe ocurrida el pasado fin de semana tras la rotura de una balsa de almacenamiento de estériles mineros.La primera cuestión que se plantea es la de cuál es el organismo administrativo encargado de inspeccionar las condiciones de seguridad con que se llevaba a cabo la explotación de la balsa. Tras lo anterior y de forma inmediata nos planteamos si la balsa se halla fuera o dentro del dominio público hidráulico; si es así, es clara la competencia de la Comisaría de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir; si no es así, ¿hasta qué punto la Comisaría de Aguas puede quedar al margen de lo ocurrido en una infraestructura hidráulica con tan importantes transcendencias en el dominio público hidráulico? ¿Recibía la Comisaría de Aguas informes periódicos relativos al comportamiento de la presa? ¿Quién era el técnico responsable por parte de la empresa propietaria de la presa? ¿Cuáles eran los dispositivos de auscultación con que contaba la presa? ¿Estaba clasificada la presa respecto de los riesgos derivados de su eventual rotura, tal y como obliga la legislación vigente?

EL PAÍS informó el pasado domingo (26 de abril) que un técnico de la empresa minera había denunciado el estado precario de la presa ante la Junta de Andalucía; me pregunto si las comunidades autónomas están preparadas para asumir competencias en materia tan trascendente como es la seguridad de las presas. Opino que no.

Resumiendo, quiero decir que esta catástofe constituye un episodio propio de un país con una Administración incapaz de plantar cara mediante una ley de seguridad de presas a la lamentable situación actual. Para finalizar, me atrevo a aconsejarle que EL PAÍS debería convertirse en abanderado en el debate sobre seguridad de presas que lleve hacia una futura ley, el país, no lo dude, lo agradecerá.