El Ejército atacó a la guerrilla durante la liberación de rehenes en Colombia

Paradójico: el momento más duro que afrontaron Peter Chen y Todd Marks, en poder de la guerrilla colombiana de las FARC durante 33 días, fue cuando caminaban en libertad para reunirse con delegados de la Cruz Roja. Estos dos norteamericanos -últimos de los cuatro que retuvo la guerrilla y que amenazó con ejecutar de confirmarse que eran espías - fueron entregados el sábado a un grupo de periodistas en un caserío de las montañas del Oriente de la provincia de Cundinamarca, al sur de Bogotá.

Venían contando a la prensa su dura experiencia. El estallido de tres morteros, muy cerca del sendero por el que caminaban, les obligó a refugiarse entre los matorrales. Aunque la televisión registró muy cerca el ruido de la guerra, el Ejército dijo que los operativos contra el frente insurgente que tenía en su poder a los norteamericanos se realizó a seis kilómetros del lugar y que los liberados y los periodistas jamás estuvieron en peligro. El secuestro de los cuatro norteamericanos generó un fuerte rechazo internacional y aumentó la tensión en las malogradas relaciones Colombia-Estados Unidos. Los cuatro, amantes de la naturaleza, habían venido a este país a observar el vuelo de diferentes aves. El sábado Chen y Marks, de 35 y 32 años, respectivamente, con la barba crecida y agotados, confesaron que la guerrilla les trató bien, pero condenaron el secuestro: «El haber estado como rehenes es un crimen contra la humanidad, una violación de los derechos humanos». Louise Agustine, otra de sus compañeras de cautiverio, fue liberada el viernes. El otro, Thomas Fiore, logró escaparse. Chen y Marks contaron que después de esta fuga les esposaban todas las noches y que les advirtieron de que un intento de escapar equivaldría a la muerte.

El presidente Ernesto Samper saludó como hecho positivo esta liberación. Dijo que debe interpretarse «como un principio de acatamiento al derecho internacional humanitario». Una declaración presidencial más para un país hoy pesimista frente a la posibilidad de paz. Después del asesinato de dos activistas de derechos humanos, María Arango y Eduardo Umaña Mendoza, hace apenas 10 días, se conocieron los nombres de 10 personas, entre ellas los directivos del Mandato por la Paz, un grupo civil que busca la reconciliación con paramilitares e insurgencia, amenazados de muerte. Ante la presión internacional por estos hechos, el Gobierno se reunió con 20 ONG y prometió examinar los archivos secretos de las agencias de seguridad del Estado.