El juez Garzón denuncia "la burla" del diputado argentino que se negó a declarar sobre el genocidio

Se armó el gran quilombo (palabra de uso muy frecuente en Argentina para designar lío, barullo, gresca, desorden). La decisión del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón de citar a declarar sobre el genocidio argentino al diputado peronista Humberto, Roggero -y sobre todo la airada negativa de éste a comparecer- provocó ayer un notable escándalo que salpicó a políticos y diplomáticos de España y Argentina. Garzón se quejó en una carta al presidente de la Audiencia Nacional, Clemente Auger, de la "maniobra de burla" de Roggero contra el funcionario encargado de entregarle dos citaciones para que, aprovechando su estancia en Madrid, testificara. El diputado desobedeció y se marchó anoche a su país.

El escándalo se venía larvando desde hace una semana. Una comisión de diputados argentinos -encabezada por Roggero en su calidad de jefe del grupo parlamentario peronista- llegó a Madrid para solicitar oficialmente el esclarecimiento del supuesto asesinato de Noemí Esther Gianneti de Molfino, una mujer argentina que apareció muerta en Madrid en 1980. No obstante, los diputados peronistas -acompañados de un gran despliegue periodístico desplazado desde Argentina- se dedicaron desde un primer momento a descalificar al juez Garzón, personal y profesionalmente. Uno de ellos, Carlos Soria, llegó a aconsejarle en actitud despectiva que se dedique a investigar los "crímenes que siguen sin resolverse en la puerta de su juzgado y se olvide de lo que sucedió hace 20 años a 12.000 kilómetros de distancia". Desvelaba así el motivo último de la visita a España, que no era otro que ejercer presión en los ámbitos políticos y judiciales -se han entrevistado, entre otros, con un buen número de representantes políticos, con el fiscal general del Estado y con el presidente del Poder Judicial- para que Garzón deje de investigar los crímenes ocurridos durante la dictadura argentina. Las gestiones de la delegación apenas tuvieron eco -ni en España ni en Argentina- hasta la tarde del miércoles. A las seis, Garzón envió a través de un agente judicial una citación al hotel donde se alojaba Humberto Roggero para que éste declarase al día siguiente [por ayer] como testigo. Y aquí llegó el quilombo. El diputado, muy nervioso, convocó a los medios de comunicación argentinos en la entrada del hotel y -en la misma cédula de citación- escribió de su puño y letra dos mensajes al juez. Uno, que estaba dispuesto a declarar sobre aspectos muy importantes para la causa. Y dos, que, sólo hablaría ante jueces argentinos. De golpe, Roggero, que durante toda la semana había manifestado su intención de declarar ante Garzón, desdijo con los hechos sus propias palabras.

Dos horas más tarde, volvió el agente judicial. A los diputados y periodistas argentinos -todavía congregados en la entrada del hotel- les pareció que en esta ocasión venía acompanado de dos agentes de policía de paisano, y cundió el nerviosismo. ¿Se llevarían detenido a Roggero? El espectáculo fue creciendo: el diputado se escondió en su habitación, el agente judicial -ante la imposibilidad material de entregarle la nueva citación y el acoso al que estaba siendo sometido- dejó en la recepción del hotel la segunda citación. En ella, el juez Garzón advertía a un diputado tan escurridizo: "Al hallarse en España, este juzgado tiene plena jurisdicción para convocarle como testigo al amparo de lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamieto Criminal". Hasta bien- entrada la madrugada de ayer, los diputados se mantuvieron reunidos con un abogado en viado al hotel por Carlos Aras, el embajador de Argentina. ¿Volverían los hombres de Garzón para prender a Roggero?.

Con esa duda se despertaron ayer, y también con nuevos episodios del escándalo. Desde Argentina arreciaron las protestas por el trato a sus diputados. Y todavía en Madrid recibieron el desprecio de Izquierda Unida (IU). Una delegación de la coalición los recibió de pie, sin estrecharles las manos. Tras un tenso cruce de palabras, Enrique Santiago, abogado de IU, les pidió que se fueran por donde habían venido. "Suspendimos la reunión", declaró Santiago, "porque al negarse a declarar ante Garzón se burlaron de la Justicia e insultaron a los familiares de los desaparecidos".

Mientras todo eso pasaba, Gustavo Molfino, el hijo de la argentina secuestrada en Perú y asesinada quizá en Madrid por sicarios de la dictadura, declaró ante Garzón. Solo, sin el apoyo de los diputados, con lágrimas en los ojos.