La acusación pide la nulidad del cierre del sumario contra Pinochet

La acusación popular y particular en el caso de los desaparecidos en Chile ha presentado ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional dos escritos en los que pide la nulidad de las últimas actuaciones del juez Manuel García-Castellón, sobre todo la decisión de cerrar el sumario. El equipo de abogados que lleva el asunto denuncia un fraude de ley que invalida, a su juicio, el procedimiento. La Sala, que ya ha admitido a trámite la apelación, deberá decidir en breve.Fuentes de la acusación denuncian la existencia de una conspiración dirigida por el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Eduardo Fungairiño, con la que trata de impedir que la Sala se pronuncie sobre el fondo de la cuestión, la competencia de los tribunales españoles [pues ahora deberá hacerlo sobre el cierre del sumario], y evitar que las comisiones rogatorias en EE UU e Italia ofrezcan material comprometedor para Pinochet.

El supuesto fraude de ley se basa, según el escrito presentado el 2 de abril, en una violación del procedimiento, ya que las partes no tuvieron la oportunidad de conocer los argumentos del fiscal antes de que el juez García-Castellón se pronunciase y presentar sus alegaciones al mismo. Los abogados de los españoles detenidos desaparecidos en Chile consideran que la precipitada conclusión del sumario -en el que están recogidos los seis tomos del caso Soria- es ilegal en el momento en que hay abiertas diligencias y sin que el juez se haya pronunciado sobre la petición de procesamiento de Augusto Pinochet y otros 38 altos cargos de la dictadura chilena. Solo la perversa mente de Fungairiño es capaz de pergeñar una operación así, dicen fuentes de la acusación, que añaden que se ha aprovechado del fiscal [Ignacio Peláez] y del escaso conocimiento procesal del juez [GarcíaCastellón].

El otro magistrado de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, que sigue el caso de los desaparecidos en Argentina, ha escogido la vía más legalista, dando traslado a las partes de las peticiones del fiscal, escuchando sus argumentos y rechazando los mandamientos de Fungairiño. Por este motivo, dice la acusación popular, en el caso de Argentina sí que será posible que la Sala de lo Penal se pronuncie sobre la competencia.