El fiscal de Múnich exige la retirada de la inmunidad parlamentaria de Le Pen
, El panorama judicial empieza a ser inquietante para el presidente del Frente Nacional (FN), Jean-Marie Le Pen. A la inhabilitación por dos años dictada el jueves por un tribunal de Versalles se sumó ayer la Fiscalía de Múnich (Alemania) reclamando la retirada de la inmunidad parlamentaria de que el líder de la extrema derecha francesa disfruta en su condición de dipuado europeo.
La Fiscalía alemana considera que Le Pen incurrió en un delito de "negación" cuando el pasado 5 de diciembre afirmó en esa ciudad que "Ias cámaras de gas son un detalle de la historia de la Segunda Guerra mundial". Esta frase, que el presidente del FN ha utilizado con asiduidad para provocar, causó entonces la apertura de una investigación judicial en Alemania. El resultado es que el líder del FN incurrió presuntamente en un "delito de negación e incitación al odio racial", castigado en Alemania con un pena de 5 años de prisión. La Fiscalía alemana ha dirigido ya su solicitud al Ministerio de Asuntos Exteriores de ese país para que a su vez la remita al Parlamento Europeo.Le Pen compareció ante los medios de comunicación de Múnich para promocionar, junto a su amigo Franz Schoenhuber, el libro Le Pen, el rebelde. Frente Nacional, modelo para Alemania, que este dirigente de la ultraderecha alemana y antiguo miembro de las Waffen de las SS, acababa de publicar. "A riesgo de ser sacrílego, digo y repito", afirmó entonces Jean-Marie Le Pen, "que las cámaras de gas son un detalle de la historia de la Segunda Guerra mundial". A modo de coartada, como ya había hecho con anterioridad, el presidente del FN explicó: "Si ustedes cogen un libro de mil páginas sobre la Segunda Guerra mundial, verán que los campos de concentración ocupan dos páginas y las cámaras de gas de diez a quince líneas, esto es lo que se llama un detalle".
Tampoco a la Justicia francesa le pareció que las afirmaciones de Le Pen eran un "detalle". Semanas más tarde, el 21 diciembre, el tribunal de Nanterre le condenó simbólicamente a un franco de indemnización e intereses, al tiempo que le procesaba por un presunto delito de crímenes contra la humanidad. Ya en 1987, el presidente del FN tuvo que pagar una multa de 1,2 millones de francos (30 millones de pesetas) por declaraciones similares. El Tribunal de Casación, la más alta instancia judicial francesa, dictaminó que sus manifestaciones eran "intolerables, por banalizar las persecuciones y los sufrimientos infligidos a los deportados, particularmente judíos y gitanos".
Nunca hasta el pasado jueves Le Pen había sido inhabilitado y condenado a una pena de cárcel. La agresión a la diputada socialista en Mantes-la-Jolie ha marcado un límite que el dirigente de la ultraderecha debe tener cuidado en no volver a traspasar. La pena de dos años de privación de derechos cívicos quedará suspendida hasta la vista del recurso que, tal y como anunciaron ayer, los abogados del FN interpondrán la semana que viene. Le Pen no irá a prisión salvo reincidencia, pero el asunto ha caído como un mazazo en la extrema derecha.
"Soy inocente, la condena trata de privarme de los mandatos que me ha dado el pueblo e impedirme ser candidato; es una infamia política", clamó ayer el presidente del FN. Le Pen atribuyó directamente su condena a "la banda de los cuatro", expresión con la que nombra a los cuatro grandes partidos democráticos.
