Comienzan los trámites parlamentarios para inhabilitar a Pinochet

Sobre el senador y general Augusto Pinochet recae por primera vez en su vida una orden de arraigo, que le impide salir del país sin permiso previo de la Cámara baja, y antes de que expire el día de hoy, debería haber sido notificado del juicio político iniciado el pasado lunes por 11 diputados que le acusan de dañar gravemente el honor de la nación. Ayer se presentó una quinta querella judicial contra el ex dictador, mientras éste pedía a reconocidos juristas que preparasen su defensa.

Pinochet pudo eludir ayer una de las amenazas que pendían sobre él: la de no cumplir con el requisito de haber sido presidente de la República. Requisito necesario para ser designado senador vitalicio. En una resolución que no constituyó una sorpresa, el tribunal Constitucional se declaró incompetente para resolver si le inhabilitaba como senador,según pidieron parlamentarios gubernamentales, basados en que el ex dictador nunca fue elegido presidente de la República, porque gobernó de facto. El fallo del Constitucional, de carácter inapelable, eludiendo el tema de fondo, sostuvo que carece de facultades para pronunciarse sobre la petición de inhabilidad, ya que hacerlo implica analizar la validez de disposiciones constitucionales.El diputado socialista Juan Pablo Letelier, uno de los que apoyaron esta petición, cuestionó ayer que, por un vacío legal, Pinochet sea senador, sin que nadie haya certificado que fue elegido presidente. Y apuntó contra la paradoja de que, en cambio, el ex presidente Patricio Aylwin, que sí fue elegido por los votantes, no pueda serlo por haber gobernado sólo cuatro años. "Pinochet no es un senador legítimo", afirmó.

Los parlamentarios que abrieron el juicio político al general por su actuación como comandante en jefe del Ejército en democracia, entre 1990 y 1998, comenzaron ayer a presentar sus argumentos ante una comisión de cinco diputados.

Los tres cargos que se le imputan a Pinochet -dañar la imagen internacional del país, pretender quebrantar el Estado de derecho y ofender a las víctimas de violaciones a los derechos humanos- se basan en decenas de declaraciones del general, en sus actuaciones más controvertidas en la democracia, en el repudio mundial que ha sufrido y la investigación criminal de que es objeto en España. Una de las citas por las que le acusan es que, en 1997, no guardó respeto a los derechos humanos al afirmar que éstos "sólo defienden a los marxistas". Otra es su frase de 1991, en la que "por econornía", afirmó después del hallazgo de fosas clandestinas con víctimas, se colocaban dos cuerpos de ejecutados políticos por tumba.

Presiones al poder civil

La acusación repasa todos los episodios de la transición en que el Ejército ha presionado al poder civil. El tema más controvertido es el cargo de que Pinochet pretendió quebrantar el Estado de derecho al presionar con el Ejército cuando estaba amenazado primero por una comisión investigadora de la Cámara y después por la justicia, debido a que su institución pagó tres millones de dólares a un hijo suyo por la compra de una fábrica de armas.El Gobierno teme que el juicio a Pinochet pueda derivar finalmente en un juicio a la transición. Las presiones del Ejército lograron detener las acusaciones y la transición, en cambio, prosiguió en forma estable. Pero Pinochet pretendió quebrantar el Estado de derecho, resulta obvia la pregunta de por qué no fue sancionado por ello.

Ayer se le abrió otro flanco jurídico al general. Marta Concha, esposa de Sergio Lagos, militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), presentó una querella por la desaparición durante la dictadura de su marido y otros 440 miembros de este grupo político.