Prisioneros del dilema

Todos nos hemos indignado ante el conductor "listillo" que, viendo cómo el número de carriles se reduce más adelante, sigue imperturbable hasta el estrechamiento sin respetar la cola. Hartos de hacer el "primo", los disciplinados conductores que aguardan en fila terminarán por abandonarla, acrecentando el atasco. Kant, pensará algún conductor despechado, era un poco ingenuo: es peligroso seguir una máxima moral que otros no respetan.Por parecida razón, el explotador a quien le piden una comisión si quiere conseguir un contrato temerá que si la niega aparezca otro competidor menos escrupuloso. Y el país que prohiba a su industria militar una exportación de armas se expondrá a ser reemplazado por otro suministrador más pragmático. "Mira, déjate de escrúpulos, porque si no lo haces tú lo hará otro". Será la frase que resuma tales dilemas. Para combatirlos los países suelen pactar convenios o "códigos de conducta". Así, el pasado diciembre los países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) decidieron sancionar penalmente el pago de sobornos en el extranjero; y Francia y Reino Unido acaban de proponer un "código de conducta" que limitaría las exportaciones de armas que puedan agravar un conflicto bélico o ser usadas para la represión interna y obligaría a cualquier Estado europeo a rechazar un pedido de armas rehusado por otro en aplicación del "código".

Un dilema similar se manifiesta en la "desfiscalización competitiva". El país o región que grave menos los bienes o inversiones podrá atraer actividad económica de las zonas vecinas. En el caso del Impuesto sobre el Valor Añadido, la Comunidad Europea evita desde hace años ese dilema obligando a todos los Estados a aplicar unos tipos mínimos de tributación (sin embargo, como bien saben los ingleses que compran cerveza francesa en Calais, ese esfuerzo de armonización no cubre todos los impuestos especiales). En el caso de ciertos impuestos directos -en esencia, el Impuesto de Sociedades y los que gravan las las rentas del capital- el comisario Monti emprendió en 1996 una meritoria cruzada que ya ha dado sus primeros frutos: el pasado diciembre los ministros de Economía y Hacienda aprobaron un "código de conducta" que compromete políticamente a los Estados a evitar -e incluso eliminar- aquellas medidas que puedan tener una "incidencia sensible sobre la localización de actividades económicas en el seno de la Comunidad"; como paso adicional, este lunes se creó el grupo de altos funcionarios que supervisará la aplicación del código.

En España la competencia fiscal entre Administraciones es bien conocida. En la ya lejana época de los pagarés, las diputaciones forales compitieron con agresividad con el Estado y captaron mediante sus pagarés forales cantidades desorbitadas de dinero negro. Durante años, muchas escrituras hipotecarias se formalizaron en Navarra con el sólo propósito de eludir el Impuesto estatal sobre Actos Jurídicos Documentados. Las diputaciones forales aprobaron incentivos a la inversión desconocidos en el resto de España, alguno de los cuales, al hacer que una célebre empresa riojana cruzara el Ebro para instalarse en Álava, motivó una denuncia ante la Comisión Europea, responsable de perseguir las ayudas públicas contrarias a los artículos 92 y 93 del Tratado.

La ya famosa sentencia de 7 de febrero del Tribunal Supremo, al anular ciertas ventajas fiscales -ya derogadas- aprobadas en 1988 por la Diputación Foral de Vizcaya, enuncia ciertos límites a la autonomía tributarla del País Vasco. No es éste el lugar para analizar la sentencia. Pero el criterio de fondo en que parece inspirada concuerda con los signos de los tiempos: la "desfiscalización competitiva" es un peligro que amenaza con desplazar el peso de la tributación hacia los factores menos móviles (entre ellos, el trabajo no profesional).

Ojalá que la futura capacidad normativa de las restantes comunidades autónomas sobre el Impuesto sobre la Renta no nos haga más prisioneros de un dilema que el comisario Monti ha empezado a desenmarañar.