Los saboteadores del embalse de Itoiz alegan "estado de necesidad ambiental"

Los ocho hombres que sabotearon las obras del embalse de Itoiz en 1996 y que causaron daños por valor de cientos de millones de pesetas adujeron ayer la eximente del estado de necesidad ambiental para justificar su acción, en el primer día del jucio contra ellos en la Audiencia de Pamplona. Los miembros del grupo Solidarios con Itoiz señalaron al juez que actuaron "legitimados" por la sentencia previa de 29 de septiembre de 1995 de la Audiencia Nacional que declaró ilegales las obras. El fiscal y el Gobierno de Navarra piden 11 años de cárcel para cada uno.

La abogada del Estado, las empresas constructoras y la Plataforma del Agua de Navarra solicitan para ellos tres años de prisión. La defensa reclama su absolución o, en su defecto, la consideración del sabotaje como un delito de daños sancionable con multas individuales de 100.000 pesetas. Los acusados se consideran "agentes activos" de unos pronunciamientos judiciales "no respetados por el Estado" y cuyas consecuencias "serán irreparables" para la naturaleza.La primera jornada del juicio se desarrolló bajo una fuerte vigilancia policial del Palacio de Justicia de Pamplona. Los ocho acusados acudieron a la sala vestidos con los mismos buzos de trabajo con los que llevaron a cabo su acción en la mañana del día 6 de abril de 1996, y en los que se podía leer "Desconstrucciones Itoiz".

Acusación de Navarra

El abogado del Gobierno de Navarra retiró su acusación inicial de 19 años de prisión para cada uno (que contenía la imputación de un delito de estragos) y se sumó a la petición de 11 años de cárcel solicitada por la Fiscalía por los delitos de daños, lesiones y detención ilegal. Pero los jóvenes no reconocieron a las acusaciones particulares (Gobierno de Navarra, abogada del Estado, empresas adjudicatarias afectadas y Plataforma del Agua) y sólo respondieron a las preguntas del fiscal y de sus abogados.Todos ellos coincidieron en una misma línea de defensa: negaron los hechos que se les imputan asegurando que no agredieron a ningún guarda jurado, aunque sí reconocieron haber maniatado a uno para "impedir que hiciera uso de su pistola"; asumieron conjuntamente la responsabilidad del sabotaje; calificaron de "pacífica" su acción y manifestaron haber actuado por el único motivo de defender a la "madre naturaleza" frente a un proyecto "manifiestamente ilegal", reconocido así tanto por la Audiencia Nacional como por el Tribunal Supremo.

De igual forma, afirmaron que acometieron su acción plenamente conscientes de que no había ningún trabajador en el dique del embalse, por estar todos ellos de vacaciones, y aclararon que avisaron por radio a los guardas jurados de que comenzaban una acción (la rotura de los cables de acero que, transportaban el cemento hasta el dique, "que apenas duró dos minutos").

Unas motosierras portadas por los hombres, encapucha dos, fueron los utensilios que usaron. Después, se entregaron voluntariamente a la Guardia Civil.

En su inicio, la vista permaneció suspendida debido a que los abogados defensores plantearon algunas cuestiones previas, como el riesgo de indefensión. Por ejemplo, el letrado Juan Jesús Soria criticó el re chazo inicial de la Sala a un informe pericial elaborado por Pedro Arrojo, profesor del departamento de Análisis Económico de la Universidad de Zaragoza, en el que se especifican las consecuencias de todo tipo derivadas de la construcción de Itoiz y sobre el que la defensa basa la eximente del estado de necesidad: el informe reconoce los daños causados, pero alega que se realizaron para evitar otros mucho mayores.

Tras unos minutos de receso, la sección segunda de la Audiencia Provincial, presidida por el juez Fermín Zubiri, aceptó el informe así como la legitimidad de las empresas adjudicatarias (Cubiertas MZOV, Lain y Sacyr) para actuar como acusación particular, legitimidad que había sido puesta en duda por la defensa.

Es probable que el juicio sea suspendido tras concluir las pruebas testificales, para dar tiempo a las partes a estudiar el informe de daños definitivo presentado por la unión temporal de empresas, denominada UTE Itoiz, que eleva los daños causados por el sabotaje (calculados inicialmente en 858 millones) a una cifra final de 1.608 millones de pesetas.

El letrado que representa los intereses económicos de las constructoras de Itoiz es el ex parlamentario socialista navarro Javier Asiain, abogado también del ex presidente navarro Gabriel Urralburu, quien espera juicio en lámisma Audiencia por un presunto delito continuado de cohecho en el cobro de comisiones ilegales por la adjudicación de obras públicas. Las obras de Itoiz se adjudicaron bajo el Gobierno socialista que presidió Urralburu, y la instrucción de la trama navarra del caso Roldán ya puso de manifiesto que al menos dos de las empresas que construyen Itoiz (Cubiertas y Lain) pagaron comisiones por contratos en Navarra.

Sin peritación

En la instrucción del proceso contra los Solidarios no se ha hecho nunca una peritación independiente de los daños producidos, ya que el juzgado de Aoiz, que tramitó el proceso, se negó a esa posibilidad solicitada en su día por la abogada del Estado y la defensa de los acusados.La única cuantificación económica del sabotaje, que paró las obras durante casi un año y dejó sin trabajo a 303 empleados, ha sido aportada por los afectados. Pero la pone en duda la defensa, ya que estima que está exagerada para obtener mayores compensaciones por parte del Ministerio de Fomento, con el que la UTE negocia desde el pasado mes de diciembre. En apoyo de los encausados, cuatro jóvenes se encaramaron ayer a una grúa en las obras de construcción del palacio de congresos del Kursaal, en San Sebastián.

Situados a 65 metros de altura, el viento impidió que desplegaran su pancarta.