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La Comunidad de Madrid archiva el caso del inspector que no vio anomalías en las gasolineras

El funcionario no respondió al juez si iba de caza con el empresario Villanueva

El consejero de Economía de Madrid, Luis Blázquez, archivó el 9 de febrero pasado el expediente al inspector de gasolineras Segundo Sanz por no haber encontrado pruebas que demostrasen que había cometido falta. El funcionario se negó a responder a las preguntas sobre la condecoración que le impusieron los empresarios de gasolineras y sobre su asistencia a cacerías con el principal propietario del grupo Villanueva. Compañeros de Segundo Sanz explicaron que es muy aficionado a la caza, pero no supieron decir en compañía de qué personas la practica.

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Sanz, que se encargó de la inmensa mayoría de las inspecciones de estaciones de servicio durante los últimos años sin descubrir ningún fraude, fue condecorado en diciembre pasado por la asociación de empresarios de gasolineras de Madrid (véase EL PAÍS del 21 de enero). Según El Mundo, el inspector de la Comunidad de Madrid acudía de invitado a las cacerías organizadas por Francisco Javier Villanueva, propietario de las gasolineras que la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) denunció el pasado enero por una presunta estafa en el suministro de combustible.El diputado Juan Antonio Ruiz, portavoz socialista en la comisión de investigación abierta en la Asamblea de Madrid por el presunto fraude en las gasolineras, considera "muy sospechoso y altamente impresentable" que, "en sólo dos semanas", el consejero de Economía haya decidido "abrir y cerrar un expediente sin que se hayan despejado las dudas sobre la posible connivencia entre el inspector y algunos gasolineros para impedir que se descubriera el presunto fraude". Y añadió: "Parece que el Gobierno regional no tiene ningún interés en conocer qué ocurrió en el departamento encargado de las inspecciones para que no descubriera la supuesta estafa, mucho antes de que se conociera la denuncia de la OCU", añadió.

En las muestras tomadas en noviembre pasado por la OCU en las gasolineras del grupo Villanueva se hallaron diferencias de entre el 4% y el 7% entre la gasolina suministrada y la cobrada. Tras esta denuncia, los jueces y la Comunidad de Madrid clausuraron algunas de las estaciones de servicio del grupo Villanueva.

Tras conocer por la prensa que el inspector Segundo Sanz acudía a las cacerías organizadas por Francisco Javier Villanueva, el consejero de Economía le abrió expediente informativo el pasado 23 de enero. Sanz no explicó por qué fue condecorado por los gasolineros ni cuáles eran sus vínculos cinegéticos con la familia Villanueva.

Desorganizado

Cuatro días después, la instructora del expediente, María Dolores Córcoles Garvi, interrogó a su jefe director Juan Grima, que también ha inspeccionado algunas gasolineras en los últimos años. Grima señaló que Sanz "es cazador, se relaciona con cazadores y asiste esporádicamente a cacerías en distintos puntos de España". Y añadió: "Conoce a la familia Villanueva como yo mismo la conozco ya que anualmente asistimos varios funcionarios de la dirección general de Industria, incluido el propio director general, a la comida que la asociación de empresarios suele dar antes de Navidad, a la que también asiste el alcalde de Madrid".Grima concluyó su declaración defendiendo a su compañero: "Es una persona honrada, seria, capaz, a la que han destrozado moralmenie las apariciones en prensa de informes calumniosos sobre su persona. Habría que preguntar a los gasolineros quién es el señor Sanz Blázquez y lo exigente que es en las visitas de inspección".

El jefe del Servicio de Infraestructura Industrial, Enrique Sacristán Perdiguero, destituido tras el escándalo destapado por la OCU, también defendió a Sanz: "Es una persona trabajadora, diligente, y, quizás, algo desorganizado. Siempre que se le ha requerido, incluso fuera de horas, su actitud ha sido positiva. Segundo Sanz ha sido juzgado y condenado por la prensa, vulnerando su presunción de inocencia".

Con estas declaraciones y todos los expedientes de inspección en los que intervino Sanz, la instructora resolvió que no había prueba que demostrara que el inspector había incurrido en alguna falta y propuso el archivo del expediente.

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