La Comunidad de Madrid recibió en tres años 55 denuncias de particulares por la gasolina

La Consejería de Economía de Madrid recibió en los últimos tres años 55 reclamaciones de particulares contra gasolineras por problemas que habían notado en el suministro de combustible. Ninguna de las quejas prosperó. Y 25 de las 55 reclamaciones (el 45%) correspondían a gasolineras propiedad de Francisco Javier Villanueva y asociados. Eran las mismas instalaciones que -entre la sorpresa de las autoridades regionales- denunció el 12 de enero pasado la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) y que, días después, fueron expedientadas por Economía.

La Administración regional madrileña se declaró sorprendida cuando, el pasado enero, EL PAÍS publicó un estudio de la OCU que denunciaba un presunto fraude en el suministro, de combustible en las gasolineras. La lentitud de su reacción impidió luego descubrir en las estaciones de servicio el bicho o aparato que servía para manipular las cantidades y que se desactivaba supuestamente en caso de apuro: con la visita de un inspector o cuando un usuario pedía comprobaciones. No obstante, se verificó la rotura de precintos y la existencia de cableados irregulares.Las 55 denuncias de particulares en los últimos tres años tenían además como precedente las sanciones impuestas hasta 1992 por los inspectores de Campsa (véase EL PAÍS del pasado jueves). A partir de ese año, las competencias pasan a la Administración regional (entonces gestionada por el PSOE; y desde 1995 por el PP) y ya no se imponen multas por fraude en el combustible.

La OCU descubrió unas desviaciones del 4% al 7% entre la gasolina efectivamente suministrada y la cobrada.

Entre 1992 y 1994, la consejería de Economía recibió sólo cinco quejas contra el grupo Villanueva de las 37 registradas. En 1995, de las 11 reclamaciones formuladas por particulares, ocho se referían a establecimientos del grupo Villanueva (cinco en la capital y tres en municipios de la periferia). Un año después, los usuarios volvieron a insistir con otras cinco denuncias, de las que dos, contra la gasolineras del número 510 de la calle de Alcalá y de la avenida de Portugal, 16, coincidían con las del año anterior. En 1997, las reclamaciones "por metrología" (problemas en la cantidad de suministro de combustible) se multiplicaron por tres -de 11 en 1995 y 1996 se pasó a 33-. Un tercio de las quejas apuntaron de nuevo al grupo Villanueva. Cuatro de sus negocios (Alcalá 510; Avenida de Portugal, 16; kilómetro 7,100 de la carretera Madrid-Valencia y Ronda de Segovia, 37) ya habían motivado denuncias anteriores.

En 1997, la gasolinera de Alcalá 510 recibió cuatro reclamaciones consecutivas por el mismo motivo (problemas en el suministro); y la conocida como Cerro de la Cabaña (kilómetro 7. 100 de la carretera Madrid-Valencia) hizo sospechar a otros tres usuarios.

La mayoría de las quejas -muchas con pruebas y comprobantes- ante la Comunidad de Madrid relataban que se había cobrado más gasolina de la que cabía en el depósito.

Pese a todas estas sospechas, las inspecciones de la Comunidad de Madrid no hallaron ninguna anomalía en sus mediciones. El inspector encargado de ellas, Segundo Sanz Blázquez -condecorado en diciembre pasado por la asociación de empresarios de gasolineras-, fue apartado del servicio el 23 de enero de este ano, cuando el consejero de Economía conoció que su. inspector acudía como invitado a las cacerías organizadas por Francisco Javier Villanueva.

Pese a las 55 reclamaciones formuladas por los particulares, la consejería de Economía no abordó ninguna campaña especial de control sobre este aspecto concreto. Entre febrero y marzo de 1997, la dirección de Comercio y Consumo ejecutó un programa de inspección de gasolineras en colaboración con numerosos municipios, sin apreciar ninguna irregularidad grave. En sus conclusiones, los técnicos afirmaban que el servicio de suministro de combustible se desarrollaba en Madrid sin problemas importantes.

Juan Antonio Ruiz-Castillo, portavoz socialista en la comisión de investigación, considera "escandalosos" estos antecedentes en relación con la lentitud posterior de los inspectores. "La inoperancia de la consejería de Economía ante estas reclamaciones prueba la negligencia de los dirigentes regionales del PP en la lucha contra el fraude. Lejos de encontrarnos ante el gobierno de los mejores, como presumía Alberto Ruiz-Gallardón, estamos ante un grupo de negligentes que no dan ningún valor a las denuncias de los ciudadanos". Ruiz-Castillo reclama la dimisión de los directores generales de Comercio y de Industria, y la del consejero de Economía, Luis Blázquez.