Los exiliados políticos italianos en Francia, amenazados por la extradición

La alarma ha tocado las puertas de las pequeñas comunidades de antiguos miembros y colaboradores de las Brigadas Rojas y de Primera Línea asentados en Francia desde hace 20 años. Como en los viejos tiempos, decenas de estos antiguos activistas de los años de plomo italianos han dejado de dormir en sus casas, no aparecen por el trabajo y han cortado toda comunicación con sus familiares y amigos.

La policía francesa ha empezado a buscarles y detenerles de manera sistemática, a medida que el Sistema Informático Europeo (SIS) impuesto por el tratado de Schengen escupe automáticamente sobre las comisarías de París, Burdeos, Marsella o Lyon los mandatos de arresto internacional cursados por Italia.Las tres primeras detenciones han llegado cuando muchos de estos antiguos activistas esperaban regularizar definitivamente su situación en el marco de la inmigración abierto por el ministro de Interior, Jean Pierre Chevènement, mientras seguían con atención el proyecto de indulto que prepara el Gobierno italiano.

Sergio Tornaghi, de 40 años, condenado en Italia a cadena perpetua por complicidad en un asesinato, fue detenido el pasado día 30 de enero cerca de Burdeos. El detenido ha sido ya puesto en libertad por el juez de Burdeos, pero la noticia ha activado todas las alarmas en esos círculos porque Tornaghi tiene permiso de residencia, trabaja como informático, está casado con una francesa y es delegado sindical. En abril de 1996, el Tribunal de Apelación de París rechazó incluso su extradición invocando el "carácter político" de los hechos por los que le reclama la justicia italiana. Cumple pues sobradamente con los requisitos que garantizan la residencia tranquila en Francia, sólo que ni el tratado de Schengen ni el SIS entienden de estas consideraciones.

Es un mazazo que les reintroduce en el túnel del tiempo, que les retrotrae a unae época que creían definitivamente superada, puesto que desde la llegada de François Mitterrand a la presidencia de la República, y con el exclusivo paréntesis del Gobierno conservador de Alain Juppé, estas gentes vinculadas a las desaparecidas organizaciones terroristas de la extrema izquierda italiana han disfrutado plenamente de la protección de la Administración francesa. Cierto que el ideólogo de las Brigadas Rojas Toni Negri fue expulsado de Francia y encarcelado en Italia después de haber ejercido en la univesidad francesa durante más de 10 años, pero es algo que nunca ha ocurrido con un Gobierno socialista. De ahí la perplejidad reflejada en la carta que una decena de estos antiguos activistas han dirigido al actual presidente Jacques Chirac y al primer ministro, el socialista Lionel Jospin.

Tras recordar la palabra dada por François Mitterrand de que Francia no procedería a su extradición, estos antiguos activistas piden en su escrito que el Gobierno "formalice oficialmente su presencia legítima" sobre territorio francés. "Si la opción del realismo político debe desgraciadamente imponerse, la alternativa no debe ser la extradición, sino", indican en su carta, "seguir la suerte de los inmigrantes embarcados en los vuelos chárter o bien, obtener las garantías de nuestra presencia legítima en Francia".

Para el Gobierno socialista, los mandatos de arresto internacional suponen, efectivamente, todo un compromiso. Y Jospin no parece dispuesto a poner su firma en las órdenes de extradición al menos hasta ver cómo reacciona la justicia francesa y consultar a las autoridades italianas. Además de a Tornaghi, los jueces franceses han puesto también en libertad a Franco Pina, antiguo miembro de las Brigadas Rojas condenado en Italia a 14 años de prisión por el asalto a una armería. Pina es padre de dos hijos nacidos en Francia y aunque su extradición fue concedida por el Tribunal de Apelación de París en 1980 la orden no ha sido firmada por ninguno de los sucesivos primeros ministros. Ese mismo tribunal se pronunciará hoy sobre la situación del tercer detenido, Alfredo Davanzo, antiguo obrero de la Fiat condenado a 13 años de cárcel por asalto a mano armada.