La exclusión de medicamentos: ¿quién defiende a los pacientes?

Personalmente, ni me gustaron ni me gustan los apelativos-arma arrojadiza que el aparato de propaganda del señor Aznar, entonces candidato a la Presidencia del Gobierno, utilizó en 1993 ("medicamentazo"); en consecuencia, me cuesta utilizar algún otro apelativo equivalente en mis intervenciones, sean públicas o privadas. Pero, cualquiera que sea la denominación que cada cual utilice, es claro que poco tienen que ver las iniciativas de uso racional del medicamento, que consensuamos en el exclusivo ámbito sanitario y desarrollamos cuando tuvimos la responsabilidad de gobernar, con las iniciativas actuales del Gobierno que, a casi todos, nos tienen perplejos, tanto por su contenido como por la falta de sintonía entre sus osadas proclamas de entonces ("No es de recibo que haya pensionistas sin derecho a medicinas gratuitas", José María Aznar, 20 de abril de 1994, Agencia EFE) y la cruda realidad de sus propuestas, actuaciones y acuerdos.Los responsables del Gobierno y, específicamente, el ministro de Sanidad y sus colaboradores, parecen empeñados cada día en perfeccionar una rara habilidad: la centrifugación de responsabilidades hacia otros actores del presente -comunidades autónomas, médicos, pacientes, industria farmacéutica- o del pasado: "ustedes lo hicieron antes". Sus iniciativas, en casi todas las ocasiones, manifiestan una amnesia parcial: me olvido de pronunciamientos anteriores y me enroco en un supuesto continuismo, que sólo evidencia que no se atreven a contarlos su verdadera política, aunque no puedan, en todas las ocasiones, evitar ramalazos que indican de forma clara sus intenciones.

Debemos tener en cuenta que, en esta cuestión, tan importante es el contenido de la lista en sí como las pautas que han seguido para su elaboración y los acuerdos ya suscritos para su aplicación, pues estos tres aspectos dan una idea del verdadero objetivo del Gobierno: recortar el gasto sanitario para que le cuadren las cuentas de la lechera del acuerdo de financiación.

En la presentación a bombo y platillo de dicho acuerdo, se pintaron falazmente 180.000 millones de pesetas más de financiación sobre el sistema anterior, cuando en realidad se incrementaba la financiación sanitaria en 52.000 millones. Para ello había que recortar en farmacia 65.000 millones por año, y ése es el punto de partida. No es que se utilice mejor el medicamento y de ello se deriven ahorros, sino que, pura y simplemente, se recortan prestaciones para lograr la cifra proclamada.

Es comprensible la posición de los responsables de los servicios de Salud de la Comunidad Autónoma de Andalucía, que simplemente plantean un "no, gracias" a un ahorro que recae sobre los bolsillos de sus ciudadanos. La supuesta mayor capacidad de gasto que el servicio de Salud debería tener, no debe ser a costa de que los pensionistas y trabajadores tengan que pagar de sus percepciones mensuales, en muchos casos insuficientes, los supuestos ahorros tan anunciados por los responsables del Gobierno.

La cuestión no se queda ahí, sino que los propios pacientes, en virtud de lo acordado entre el ministro de Sanidad y Consumo y la industria farmacéutica, deberán compensar las menores ventas de los laboratorios mediante el mecanismo de declarar precios libres para los médicamentos excluidos y la promesa ratificada de que el Ministerio de Sanidad y Consumo propondrá incrementos de precios para compensar el "esfuerzo de la industria farmacéutica" (punto número 8 del acuerdo suscrito entre Farmaindustria y el señor ministro de Sanidad y Consumo, el 19 de enero de 1998).

En definitiva, el ministro de Sanidad y Consumo se ocupará de que le salgan las cuentas al Ministerio de Economía y Hacienda, promotor de las medidas, y a los laboratorios, pero a costa del único pagano de esta historia: los pacientes.

No es extraño que, una vez constatada la enorme preocupación de los ciudadanos y el impacto en la opinión pública, los responsables sanitarios hayan intentado introducir en el debate conceptos como los de uso racional del medicamento y eficacia terapéutica, entre otros, tratando de reconducir lo que fue una iniciativa meramente económica, promovida por el Ministerio de Economía y Hacienda y gestada a espaldas de instituciones, ciudadanos y pacientes, con la única colaboración de la industria. El resultado no es casual, sólo hay que preguntarse: ¿quién paga?

El gasto farmacéutico seguirá en España más elevado en porcentaje que en el resto de los países de la Unión Europea, pero aumentará la financiación privada de este gasto.

A diferencia de la lista negativa de medicamentos de 1993, en la que participaron todos los interesados -las comunidades autónomas, a través del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, y los expertos, colegios profesionales, sindicatos y asociaciones de consumidores y, usuarios-, el Gobierno ha excluido a todos estos actores. Y lo ha hecho de dos formas:

1. Ha incumplido el Acuerdo de Financiación de la Sanidad, en el que existía el compromiso de que serían consultadas las medidas de racionalización del gasto farmacéutico con las comunidades autónomas.

2. Ha restado competencias a la Comisión de Uso Racional del Medicamento -en la que están representados todos los interesados- en la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos Generales del Estado.

Como se ha podido observar por las reacciones de las comunidades autónomas -no sólo las gobernadas por el PSOE- y de los colectivos profesionales y de usuarios, no es posible desarrollar una política de uso racional del medicamento sin contar con la participación de todos los interesados. Esta forma de operar puede explicar algunos graves problemas de la lista, que han sido explicados por los expertos y las sociedades científicas:

1. Al excluir grupos completos, no deja ninguna alternativa a los médicos para prescribir medicamentos que son seguros y eficaces.

2. Se excluyen medicamentos necesarios para algún tipo de exploración (por ejemplo: laxantes drásticos para preparación radiológica).

3. El Gobierno ampara su decisión en que los medicamentos son para síntomas menores, pero algunos de estos síntomas pueden tener extraordinaria importancia para la calidad de vida, principalmente de los ancianos con enfermedades crónicas.

El pacto con el Ministerio de Sanidad y Consumo limita el esfuerzo de la industria farmacéutica. El propio acuerdo con dicha industria prevé que el ahorro que se derive de medidas de racionalización del gasto, como la introducción de genéricos o el establecimiento de precios de referencia, se detraerá de la cantidad pactada. En otras palabras: si el Ministerio de Sanidad y Consumo cumple con la política que ha comprometido desarrollar ante el Parlamento, el esfuerzo adicional de la industria farmacéutica será nulo. Sorprende escuchar a diputados del partido del Gobierno haciéndose eco de las bondades de una política de genéricos a la que desde el Ministerio de Sanidad sólo se le ponen trabas. Esta vez, descontando a priori los beneficios que pueda producir.

Ante todo este conjunto de acuerdos, actuaciones e intenciones, cada instancia deberá responsabilizarse de su auténtico papel y cometido. Es lógico que la industria farmacéutica, a través de su patronal, defienda a sus laboratorios asociados, y no es censurable que lo haga con inteligencia; después de todo, ése es su papel. Ahora bien, lo que de ninguna manera puede admitirse es que el otro lado de la mesa de negociación, el Ministerio de Sanidad y Consumo, en vez de defender a los ciudadanos, sean activos o pensionistas, haga una absoluta dejación de sus deberes y coadyuve con descaro a conseguir objetivos sectoriales de los responsables económicos del Gobierno o de la industria, a costa de señalar quién debe soportar la carga: los pacientes. A su vez, qué curioso, se da un paso más en la implantación del modelo al que no han renunciado: la precarización del sistema sanitario público y, en paralelo, la potenciación del sector privado, mediante la retirada paulatina de las prestaciones financiadas con la solidaridad de todos los españoles y la apelación, en este caso, poco disimulada, al bolsillo de cada cual. Todavía hay quien se extraña de que a esto se le llame privatizar.

María Ángeles Amador Millán es ex ministra de Sanidad y diputada del PSOE por Segovia.