Submarinos o justicia

El abogado de la acusación particular, Joan Garcés, dice que es "injusto que se nos haya acusado veladamente de haber puesto en peligro la venta de dos submarinos a Chile, cosa que es falsa [ya están aprobados], por el hecho de llevar el caso ante la Audiencia Nacional. "¿Debemos cambiar barcos por desaparecidos?", se pregunta Carlos Castresana. "Es algo sobre lo que debe reflexionar la sociedad española", dice.Estados Unidos ya resolvió ese debate: bloqueó durante casi 17 años las ventas de armamento pesado a Chile hasta lograr el castigo de los asesinos del ex ministro de Exteriores Orlando Letelier y de su acompañante, Ronni Moffit, ciudadana norteamericana. Ambos murieron en 1976 en una atentado con bomba en Washington. O Francia, que condenó en rebeldía [figura que no existe en el ordenamiento jurídico español] al ex capitán de fragata Alfredo Astiz a cadena perpetua, pena que le impide salir de Argentina sin riesgo de ser detenido y enviado a una cárcel francesa. "¿Acaso los ciudada nos españoles no tienen el mismo derecho de protección?", pregunta Castresana. "Si la tarea del Gobierno no es proteger a sus ciudadanos, ¿para qué sirve?"

Fuentes de la acusación particular contra Pinochet en España recuerdan que los crímenes contra la humanidad nunca prescriben. Así lo aprobó la Asamblea General de la ONU el 26 de noviembre de 1968. Ésa es la base legal sobre la que Francia juzga a Maurice Papon más de 50 años después de ordenar la deportación de 1.560 judíos duran te la ocupación nazi de Francia, o Italia condena a Erich Priebke por el asesinato el 24 de marzo de 1944 de 335 italianos en las fosas Ardeatinas.

Crímenes más recientes en el tiempo, como el de los cinco jesuitas españoles en El Salvador, no han merecido tanta atención. El presidente del Gobierno, José María Aznar, declaró en San Salvador que eran hechos que pertenecían al pasado. Felipe González, Leopoldo Calvo Sotelo o Adolfo Suárez no tuvieron una actitud diferente con Chile y Argentina.