Una juez de Albacete abre también diligencias penales por el presunto fraude de las gasolineras

La titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Albacete, Francisca Arce, abrió el martes diligencias penales por la presunta manipulación fraudulenta de los surtidores en cuatro estaciones de servicio de la provincia propiedad del grupo Villanueva. Se trata del segundo procedimiento judicial abierto por el llamado fraude de las gasolineras, que ya venía investigando el juez de instrucción número 45 de Madrid, Andrés Gutiérrez Gil. Es probable que ambos jueces acaben inhibiéndose a favor de la Audiencia Nacional, al afectar el caso a varias comunidades autónomas.

El fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, Andrés López Mora, remitió el 12 de febrero al juzgado de guardia de Albacete el resultado de las diligencias informativas 1/98 abiertas por la fiscalía, tras descubrirse cableados presuntamente fraudulentos en las estaciones de servicio del Grupo Villanueva en dicha provincia: Automecánica Manchega, en la capital; Garysol 1 y Garysol 2, en la autovía de Levante, y La Zorilla, en la N-301. La denuncia del Fiscal correspondió a la titular del juzgado de instrucción número 5, que el martes procedió a la incoación de diligencias penales, al apreciar indicios de delito.Las cuatro gasolineras del grupo Villanueva en Albacete fueron cerradas cautelarmente por orden del consejero de Industria y Trabajo de Castilla-La Mancha, José Fernando Sánchez Bódalo, el pasado 28 de enero. Al día siguiente se clausuraron otras seis gasolineras del mismo grupo en la provincia de Toledo. La Junta regional, que actuó en colaboración con la fiscalía y la policía judicial, pidió un informe a la empresa Medición y Transporte S. A. que confirmó la manipulación de los surtidores.

"El resultado que se acompaña en el acta demuestra que los impulsos [que determinan lo que se cobra al cliente] salen al exterior [del poste expendedor de gasolina] y vuelven por conexiones internas en la parte trasera de la placa ajenas al diseño original del fabricante", concluye el informe, que ha sido entregado al fiscal. Paralelamente, la Junta ha procedido a la reapertura paulatina de las gasolineras clausuradas, una vez subsanadas las anomalías, al no existir orden judicial de cierre, al contrario de lo que ocurre con cinco de Madrid. Ayer sólo se mantenían cerradas cuatro estaciones de servicio de Toledo.

Por otra parte, los presidentes de las compañías petroleras Cepsa y BP Oil España, Carlos Pérez de Bricio y Luis Javier Navarro, así como el secretario general de la Asociación de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP), Aurelio Ayala, pidieron ayer en el Congreso que las compañías suministradoras de combustible tengan derecho a inspeccionar las gasolineras que venden sus productos, para evitar un fraude que daña su imagen de marca.

Pérez de Bricio, Navarro y Ayala comparecieron ante la Comisión de Industria del Congreso para informar sobre el proyecto de ley de Hidrocarburos, que acaba de iniciar su tramitación parlamentaria. El secretario de la AOP pidió que las comunidades autonómas creen un registro público de gasolineras para que los consumidores puedan comprobar si éstas cumplen con la normativa.

Por otra parte, fuentes del sector informaron ayer del fallecimiento, a causa de una embolia, de José Rebuelta, consejero delegado de la gasolinera de Majadahonda (Madrid), cerrada por orden judicial, quien recientemente prestó declaración como imputado.