Sobre 'La devolución'

Las dudas que a Jaime García Añoveros asaltan cuando, de La devolución (ése es el título de su artículo del 8 de enero en este diario) de patrimonios a los partidos políticos se trata son dudas que me dan a mí bastante grima.Veamos: no puedo creer que un reputado jurista como García Añoveros esté convencido de que las personas jurídicas no son sino "ficciones", ni que seriamente se pregunte "quiénes son los dueños de la persona jurídica partido político" a los que eventualmente -caso de seguir su argumentación- habríase de devolver lo confiscado por Franco.Sé que García Añoveros no Puede haberse estancado en Savigny o Puchta, y que está al tanto de que a la ciencia jurídica actual no le ofrece problema alguno el reconocimiento de la capacidad patrimonial plena de las personas jurídicas, según sus fines.

Que García Añoveros se sabe de memoria los artículos 35 y 38 del Código Civil -son personas jurídicas... las asociaciones a las que la ley conceda personalidad propia, independiente de la de cada uno de los asociados"; "pueden adquirir bienes de todas clases... "; y no digamos el lº de la Ley 54/1978 de Partidos Políticos en relación con el 6º de la Constitución, de cuyo conjunto tenor resultan aquéllos emanación directa del "derecho fundamental de asociación" y la libertad en "el ejercicio de su actividad dentro del respeto a la Constitución y a la ley".

Que, por ende, resulta superfluo, cuando no capcioso, interrogarse sobre el destino de los bienes mismos, o su subrogado económico, a entregar a los partidos en su día expoliados, sean PNV, PSOE, PCE, UDC, IR, etcétera.

Pasarán a los patrimonios respectivos, como restitución: es un dislate lo de que "no puede haber tracto jurídico ininterrumpido cuando los partidos fueron suprimidos por ley". Por favor, ¿qué clase de ley? Y aquí ya entramos en lo pantanoso, porque García Añoveros compara las leyes franquistas confiscadoras de los patrimonios de los partidos y otras entidades con las leyes desamortizadoras del XIX, al menos en este aspecto de devoluciones.

Aparte de que las desamortizaciones de Mendizábal y Madoz fueron legales en cuanto conformes con el régimen constitucional entonces vigente, el designio de aquellas disposiciones era, al menos preponderantemente, socioeconómico. Y aun así no olvidemos que el precio se destinaba en alto porcentaje a deuda con que sostener culto y clero; ni que el Concordato devolvió.

No vamos a pensar que las leyes de Franco buscasen un simple lucro económico o que conformasen un reformismo social: fueron leyes de castigo, impuestas por el vencedor a los vencidos y, eso sí, contenían un proyecto político de desahucio de la democracia, régimen que es precisamente el que tras 40 años de dictadura ha sido restablecido. ¿No es lícita la reanudación del trato en favor de los expoliados hoy subsistentes? Lo es, y además el comportamiento es honesto, lo fue el Gobierno socialista al realizarlo con los sindicatos e inhibirse en cuanto a los partidos por lo que de pro domo sua pudiese hacer sospechar, y lo es el Gobierno popular al emprender ahora la tarea, la que con Añoveros deseo sea la última, pero no por ser improcedente, sino por la erradicación definitiva de los hechos que la motivan.

Por eso, rechazo tajantemente el vituperio contra los partidos en cuanto "dueños del dinero público [que] se imparten las justicias a sí mismos". ¿Qué se quiere, en definitiva? ¿Democracia plebiscitaria u otra vez de "entidades naturales"?