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Un general chileno critica con dureza a Pinochet ante el juez García-Castellón

Ramón Lobo

Sergio Poblete, general de brigada del Ejército del Aire de Chile, ya retirado, declaró ayer en Madrid ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón en la causa que se sigue contra Augusto Pinochet. Es, por el momento, el único alto cargo de las Fuerzas Armadas de aquel país que testifica en persona en contra del ex dictador chileno. "El primer responsable [de la violación de derechos humanos] es Pinochet. Todas las órdenes emanaban de él a través de la Jerarquía", asegura Poblete.

La declaración del general Poblete, exiliado en Bélgica desde 1975, se ha centrado en dos aspectos. Su testimonio como víctima de las torturas que sufrió en la Academia de Guerra Aérea de Santiago, donde estuvo preso dos meses por negarse a apoyar el golpe, y su conocimiento del funcionamiento interno de las Fuerzas Armadas chilenas. Poblete, de 77 años explicó a García Castellón cómo era la estructura de mando antes del 11 de septiembre de 1973 y cómo toda ella dependía del comandante en jefe (Pinochet) y del general Gustavo Leight (en el caso de la Fuerza Aérea). "Ellos son principales responsables de todos los crímenes qúe cometieron sus subordinados", aseguró a este periódico el general Poblete.El militar, que fue sacado de Chile por intercesión del rey Balduino de Bélgica, aseguró al juez de la Audiencia Nacional que los principales jefes militares recibieron órdenes en sobres lacrados provenientes de Pinochet. Éstos contenían la lista de personas que había que detener y ejecutar. También ha explicado el clima de terror que se instauró en el seno de las Fuerzas Armadas tras el golpe y cómo aquellos que se negaron a obedecer la línea de mando fueron detenidos y torturados. Poblete ha puesto ejemplos. Uno de ellos, la actuación de la policía política (DINA), bajo el mando directo de Pinochet, en la represión dentro y fuera de las Fuerzas Armadas. La DINA estuvo también implicada en el asesinato del español Carmelo Soria.

El juez García-Castellón comunicó ayer a las partes la elevación a sumario de las diligencias previas. Según el abogado de la acusación particular, Joan Garcés, esto demuestra que las pruebas ya acumuladas son suficientes. "Se trata de una reafirmación de jurisdicción". Que el fiscal Ignacio Peláez: apoye esta medida no implica contradicción con su jefe Eduardo Fungairiño, que sostiene que España no es competente.

El fiscal de la Corte Suprema chilena, Enrique Peillás, ha recomendado acoger el exhorto de García-Castellón, en el que solicita datos sobre la violación de derechos humanos y las sentencias emitidas en Chile, al no considerar que la rogatoria sea contraria al orden público.

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