La Comunidad de Madrid detectó en 1994 un "supuesto fraude" en el 16% de las gasolineras

El presunto fraude de las gasolineras, denunciado el pasado día 12 por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), fue detectado hace ya tres años, y medio por la Comunidad de Madrid, que, sin embargo, no adoptó medidas para atajarlo. Un informe hasta ahora desconocido de la Subdirección General de Protección al Consumidor de la Administración regional, fechado en junio de 1994, bajo el Gobierno del PSOE, advirtió sobre la existencia de un "supuesto fraude" y de "indicios de conductas irregulares" en 21 estaciones de servicio de Madrid, el 16% de las 127 sometidas a una rigurosa inspección.

Entre junio de 1993 y junio de 1994, la Subdirección General de Protección al Consumidor de la Comunidad de Madrid, cuyo titular era Miguel Conde y Gutiérrez del Álamo, lanzó una campaña de inspección de las gasolineras de la región.Los inspectores de Consumo, al contrario que los de Industria, no se limitaron a realizar mediciones del combustible expedido y a verificar el único precinto administrativo del surtidor, sino que utilizaron un método bastante más laborioso, aunque también más fiable.

En primer lugar, revisaron los albaranes de descarga. de los camiones cisterna, en los que se refleja la cantidad de combustible suministrada por las petroleras a cada estación de servicio.

Luego tomaron nota de las cifras reflejadas en los totalizadores; es decir, en los contadores situados en la parte baja de los postes, que reflejan todo el combustible extraído de cada tanque. Los totalizadores, al contrario que los contadores electrónicos utilizados para cobrar al cliente, no se pueden manipular, pues se trata de contadores mecánicos protegidos por el precinto de Industria.

En teoría, la cantidad de combustible vendido por las petroleras debía ser igual a la reflejada en los totalizadores, más el remanente depositado en los tanques. Sin embargo, en 21 de las gasolineras inspeccionadas se comprobó la falta de concordancia entre ambas cantidades.

En junio de 1994, la Subdirección General de Protección al Consumidor, dependiente del consejero de Economía, José Luis Fernández Noriega, elaboró un informe con las conclusiones de su campaña de inspección, en el que no dudaba en asegurar que las disfunciones observadas en 21 gasolineras eran "indicios de conductas irregulares".

El mismo informe admitía, no obstante, que no había sido posible establecer la causa del "supuesto fraude", como lo calificaba textualmente, debido a las "deficiencias técnicas y normativas" que presentaba el sistema de control administrativo.

En efecto, los totalizadores tomados como referencia para el estudio no son, pese a su fiabilidad, obligatorios legalmente y sólo se emplean para la gestióninterna de las propias estaciones de servicio. Por tanto, no era posible emprender una acción sancionadora basándose en él.

Lo cierto es que los inspectores de Consumo no pensaban en aquel momento que algunas gasolineras pudieran estar vendiendo dos veces el mismo combustible, mediante la técnica de escamotear al cliente parte del que paga, sino que dirigían sus pesquisas hacia el fraude fiscal derivado del contrabando.

Tan conocido en el sector de gasolineras como el bicho -el artilugio electrónico que sirve para manipular el contador-, y tan negado públicamente, es el llamado camión del millón.

Se trata de una cisterna de un millón de litros de combustible de contrabando, procedente con frecuencia de Portugal, que se paga en dinero negro y se vende como legal, multiplicando el margen de beneficio.

Lo que sí advirtieron los autores del informe es la existencia de "deficiencias técnicas y normativas" que era preciso corregir si se quería ejercer un control riguroso de las gasolineras. Sus recomendaciones no fueron atendidas y ahora la ineficacia de las inspecciones oficiales se ha evidenciado de forma clamorosa.

El informe, junto a los expedientes de cada una de las 127 estaciones de servicio inspeccionadas, se guarda en los archivos de la Comunidad de Madrid y hoy puede servir, al menos, para comprobar si las gasolineras sospechosas de un "supuesto fraude" en 1994 son las mismas de 1998.