Selecciona Edición
Conéctate
Selecciona Edición
Tamaño letra
Editorial:

Reforma inaceptable

ESPAÑA LLEVA ya suficiente tiempo en el seno de la Unión Europea como para esperar regalos. La UE tiene bases muy sólidas, políticas y económicas. Pero no se mueve por filantropía y nadie puede esperar que lo haga. Por eso, las nuevas meditaciones sobre la producción y el mercado del aceite de oliva que acaban de filtrarse en un documento de Bruselas no deben producir pánico en España. Porque el Gobierno, con el apoyo -y bajo presión, si es necesario- de todo el sector olivarero, también tendrá oportunidad de pronunciarse al respecto. No se trata de declarar ninguna guerra, sino de negociar con eficacia. El borrador que ahora se filtra con visos de principios generales para la reforma del sector olivarero tiene aspectos simplemente inaceptables para España. Y es la ministra de Agricultura, Loyola de Palacio, la responsable de dejarlo claro en Bruselas. Cuanto antes, mejor. La base de este documento son reflexiones de gabinete del comisario 1 para Agricultura, el austriaco Franz Fischler. Hay que tomárselo en serio, porque suponen una amenaza objetiva para el sector olivarero español -el mayor de la UE- y para centenares de miles de jornales en algunas de las regiones social y económicamente más deprimidas de España. Es dificil transmitir a un político o funcionario centroeuropeo de un pequeño país, con niveles relativamente bajos de desempleo y que ingresó hace pocos años en la UE, las profundas y dramáticas consecuencias sociales de algunas de las medidas propuestas en el documento.. Y lo es aún más porque otro productor importante como Italia puede estar jugando detrás de este borrador. Es legítimo. Cada país defiende sus intereses. Por eso mismo, el Gobierno español debe emplearse a fondo para desactivar unas medidas que serían socialmente insoportables, ya que de entrada castigarían un tercio de una cosecha equivalente a la de 1997, por poner sólo un ejemplo extremo. A eso se suma el desplome de precios que puede provocar la eliminación de cualquier política reguladora del mercado. La España meridional no se puede permitir decisiones de este tipo. El reparto de subvenciones se limita a una producción máxima con precio garantizado de 1.350.000 toneladas, por debajo del millón y medio que se alcanzó el ano pasado en todo el territorio de la UE. El sistema propuesto no hace sino fomentar el fraude al ignorar las cifras reales de producción. Con estos criterios es siempre España, como primer país productor, la que pierde. Bruselas estima que el fraude en las cifras de producción, que determinan el monto de las subvenciones, puede llegar en Italia al 50% de sus 400.000 toneladas declaradas, mientras -en España no superaría el 8%. Así las cosas, el Gobierno debe darse por enterado del borrador de Fischler y exigir su inmediata corrección en aquello que resulta inaceptable. En este sentido, no estamos peor que hace unos meses. Fischler quiso evitar las subvenciones a la producción y no pudo. Al menos en eso tuvo que rectificar. Este precedente debe servir para eliminar de este plan las medidas que cargan sobre España todo el coste de la reforma.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 25 de enero de 1998