Asimetrías

Hace ocho días el Parlamento catalán aprobó por abrumadora mayoría la Ley de Política Lingüística, que pretende armonizar el fomento del catalán con la protección de los derechos de los castellanohablantes. Aunque los aspectos más polémicos del articulado (relacionados con la disponibilidad lingüística oral en los establecimientos comerciales, la capacidad sancionadora de la Administración y el etiquetado de mercancías) fueron suprimidos o dulcificados gracias a los socialistas, tanto el PP como ERC, animados por lógicas opuestas al votar en contra del proyecto, han quedado voluntariamente marginados del acuerdo.Los populares no sólo se opusieron en el Parlamento de Barcelona. Desde Madrid, Cascos también criticó acerbamente la ley el mismo día de su aprobación: "Su planteamiento y concepción es contrario al espíritu de libertad y de convivencia que debe presidir las reglas de juego lingüísticas en una comunidad bilingüe". El presidente de la Generalidad replicó calificando de "temerarias". y "poco afortunadas" las declaraciones del vicepresidente primero del Gobierno. Pero tanto el PP como CiU han restado importancia al desacuerdo a fin de calmar las aguas antes de la próxima reunión entre Aznar y Pujol, de la que dependerá en buena medida la prolongación del pacto de gobernabilidad hasta 1999. En cualquier caso, no es fácil de entender que el Gobierno encargue a Cascos (conocida su tosquedad al hacer declaraciones a bote pronto sobre veredictos judiciales, detenciones de etarras, deudas tributarías, parricidios o política lingüística) el lanzamiento de los penaltis: aunque el vicepresidente chuta con violencia, siempre tira el balón a las gradas o lo estrella en el larguero.

Todas las fuerzas políticas catalanas dicen desear el bilingüismo de una sociedad que lo practica de forma espontánea en la vida cotidiana. Pero los partidos discrepan respecto a los medios para conseguir ese objetivo aparentemente común, tienen visiones diferentes acerca de la vigencia real del bilingüismo en la sociedad catalana y formulan pronósticos distintos sobre los riesgos implicados, las consecuencias no deseadas y los resultados objetivamente inevitables de las políticas aplicadas. La nueva ley descansa sobre el supuesto -empíricamente comprobable- de que la actual situación es favorable al castellano, entendido y hablado por toda la población de Cataluña y amparado por el deber de conocerlo impuesto a todos los ciudadanos por el artículo 3 de la Constitución. La exposición de motivos sostiene que las causas de la "situación precaria" del catalán (una lengua no hablada todavía por un porcentaje significativo de los residentes en Cataluña) son tanto "la persecución política y la imposición legal del castellano durante más de dos siglos y medio" como "las condiciones políticas y socioeconómicas" que sirvieron de marco, a la inmigración castellanohablante durante las últimas décadas. Según tal razonamiento, la única vía para equilibrar ese bilingüísmo asimétrico beneficioso para el castellano (una lengua hablada por 400 millones de personas en todo el mundo y abrumadoramente dominante en los medios de comunicación de Cataluña) es una estrategia de discriminación positiva del catalán en los campos de la educación, los servicios públicos y la creación cultural.

Aunque la ley garantiza un 11 respeto escrupuloso" a los "derechos lingüísticos de todos los ciudadanos", las medidas de discriminación positiva en favor de un sector de la población implican lógicamente el recorte de las expectativas de aquella otra parte de la sociedad excluida objetivamente de sus beneficios. Los eventuales abusos de esa política de acción afirmativa, máxime cuando es aplicada -como en este caso- por sus beneficiarios, tendría el catastrófico resultado de dar verosimilitud a los maliciosos juicios de intenciones que atribuyen suspicazmente a la nueva ley el propósito emboscado y la meta oculta de imponer a la larga el monolingüismo a todos los catalanes.