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Consumidores y partidos de izquierda censuran a Telefónica por vender datos personales

El Defensor del Pueblo recibe "numerosas llamadas" y toma cartas en el asunto

El aviso de Telefónica de que venderá los datos de sus abonados "con fines de publicidad y marketing directo" si no comunican su negativa antes del 1 de enero suscitó ayer la oposición de grupos políticos como PSOE, IU y Nueva Izquierda (PDNI); y de asociaciones de consumidores y de vecinos. La Agencia de Protección de Datos (APD) ha abierto una inspección sobre la iniciativa. Un alud de ciudadanos manifestó a este periódico haber llamado al 004 -con suerte diversa- para rechazar lo que alguno calificó como "villalongada", en alusión al presidente de Telefónica.

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El secretario general del PDNI, Diego López Garrido, presentó ayer al fiscal general del Estado un escrito donde pide la paralización "inmediata" de la iniciativa y que se inste a los jueces a "una medida cautelar" contra Telefónica. "Esto es una bomba de relojería", dijo López Garrido, "porque nuestros datos pueden acabar en Singapur". El PDNI pidió además por escrito al Ministerio de Fomento que el Gobierno dé instrucciones para detener la operación. "El Gobierno tiene que hacerlo, y además puede, por su relación con Juan Villalonga", dijo López Garrido, quien asimismo exigió a la APD que "no se limite a estudiar el tema: el 1 de enero está ahí". Asimismo, López Garrido se entrevistó con el defensor del pueblo, Fernando Alvarez de Miranda, quien por su parte había abierto ayer ante la APD una investigación de oficio tras recibir "numerosas llamadas de ciudadanos".

¿Callar es consentir?

El PSOE anunció que presentará de inmediato una proposición no de ley al Congreso "instando al Gobierno a garantizar la intimidad de los datos personales de los abonados a Telefónica, y la correcta aplicación de la LORTAD". "El silencio no puede entenderse como conformidad", añade el PSOE.Telefónica considera que no dar instrucciones contra la venta de datos equivale a consentir. Por tanto, interpreta que dan su consentimiento precisamente quienes no lo hayan dado (véase EL PAÍS de ayer).

Pablo Castellano, de IU, dijo que su grupo "va a estudiar seriamente" el asunto. "Es repugnante", señaló, "que una compañía crea que puede utilizar para un lucro los datos que adquiere con el exclusivo objeto de prestar un servicio".

EL PAÍS intentó ayer sin éxito obtener una postura del PP sobre estos hechos.

La Agencia de Protección de Datos reveló ayer que ha abierto un expediente de inspección a Telefónica por la circular. "Lo que estamos estudiando es si la información que se da en la carta al usuario es suficiente", dice Emilio Aced, subdirector de Inspección de la APD, "y si quedan claras las finalidades de esa cesión de datos" (Telefónica no explica en la circular cómo hacer para negar el consentimiento). El expediente puede estar concluido "en la primera quincena de enero"."Hemos detectado un agujero en la ley", dice Juan José Martín Casallo, director de la APD. "La ley concibe a las empresas como entidades aisladas. Pero el problema son los grupos, y qué uso hacen de los datos de cada una de sus empresas".

Los usuarios reaccionaron con fuerza. Ayer hubo constantes llamadas a este periódico de ciudadanos que contaban su odisea al llamar al 004 para rechazar la venta de sus datos. Varios redactores telefonearon también. La media de espera para que el 004 contestara era de 15 minutos. Por la mañana, las telefonistas tomaban los datos, y quienes pedían un certificado recibían un número de fax (91 580 59 31) para que lo solicitaran por escrito. A lo largo del día, el 004 fue intensificando su silencio y, en el caso de contestar, se negaba ya a los ciudadanos que ese número de Telefónica pudiese tomar los datos de su rechazo, y se les instaba a comunicarlo por carta (plaza de Ruiz Picasso, edificio Serantes, 28020 Madrid), si bien hubo gente que insistió hasta lograr que se les tomasen los datos. Incluso se llegó a decir a algunos comunicantes que su rechazo implicaba borrarse de la guía telefónica.

Fraude

La Confederación de Asociaciones de Vecinos de España (CAVE) ha pedido a sus asociados que "expresen su rechazo". La organización Consumidores y Vecinos señala que se trata de "un nuevo abuso de Telefónica", y califica el plazo de "irrisorio, ya que quedarían menos de cinco días". La Organización de Consumidores de España (UCE) se manifesta en igual sentido. "Estamos absolutamente en contra, dice María Rodríguez, presidenta de la Confederación Española de Consumidores y Usuarios (CECU). "Telefónica es la empresa con más datos, porque sus usarios no tuvimos otra alternativa que cedérselos, ya que era un monopolio. Ahora es privada, y pretende utilizarlos. Es totalmente fraudulento. Pedimos a la gente que por escrito o llamando al 004 se niegue a ceder sus datos", razona María Rodríguez."Nos preocupa", dice Antonino Joya, de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), "qué datos va a vender Telefónica: ¿simplemente nombre y apellidos, o cualquier otro dato sensible?".

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 24 de diciembre de 1997