El PSC quiere anular las sanciones previstas para los infractores de la ley del catalán

Los socialistas quieren anular las sanciones a personas de la futura ley del catalán después de que el Consejo Consultivo de la Generalitat ha dictaminado que el castigo de las infracciones es "perfectamente constitucional". El líder del PSC, Narcís Serra, subrayó ayer en el consejo nacional del partido su rechazo a que la ley lingüística sancione a personas y anunció que mañana renegociará este punto con el Gobierno catalán y las demás formaciones integradas en el pacto lingüístico.El dictamen del Consultivo no sólo avala la posibilidad de imponer sanciones a los infractores de la ley del catalán. Además, desautoriza la fórmula ideada por los socialistas y que constituye la base del pacto con CiU, IC y el PI sobre el régimen punitivo. Esta ecuación consiste en que el texto legal asegura que "no prevé sanciones para los ciudadanos", aunque a renglón seguido tipifica una serie de infracciones y penalizaciones para funcionarios públicos y empresas por la vía indirecta de remitirse a las sanciones previstas por otras leyes.

El dictamen del Consultivo considera que esta fórmula es inconstitucional porque el legislador no se pronuncia con claridad y produce confusión en "una materia tan trascendente como la sancionadora". El Consejo Consultivo, también rechaza el aviso previo a la sanción.

Financiación autonómica

Por otra parte, los socialistas catalanes quieren que los ingresos por habitante de las comunidades autónomas españolas se vayan igualando progresivamente a los del País Vasco y Navarra. Éste es uno de los principios básicos que inspirará una nueva propuesta de modelo de financiación autonómica que el PSC tendrá lista en tres meses.De acuerdo con dichas premisas, el PSC reclama la igualación progresiva de los ingresos por habitante y servicio prestado de las autonomías de régimen común con los de las de régimen foral. Este proceso de equiparación se realizaría "respetando a la vez la singularidad de los sistemas forales y el principio de igualdad consagrado constitucionalmente" según la resolución aprobada ayer por el PSC. La igualación de ingresos se alcanzaría de forma gradual, "en un plazo de tiempo prudencial" que podría ser de entre 15 y 20 años. Durante ese tiempo, se trataría de que los recursos destinados a las comunidades de régimen común aumentaran cada año por encima del crecimiento de los ingresos de las autonomías forales.

El modelo socialista apuesta por la participación de la Generalitat en los grandes impuestos estatales (IRPF, IVA, tabaco, alcohol y carburantes) y por la atribución al Gobierno catalán de capacidad normativa sobre ellos. También reclaman los socialistas la participación decisoria de la Generalitat catalana en una nueva administración tributaria integrada, así como un sistema de subvenciones compensatorias que garantice la igualdad básica de ingresos por habitante entre las distintas comunidades.