España vetará un límite presupuestario que dañe a la agricultura y la cohesión

España se dispone a vetar cualquier iniciativa que pretenda fijar un techo al presupuesto de la Unión Europea (UE) para el nuevo marco financiero -que cubre el periodo 2000-2006- en el que se producirá el ingreso de los primeros países del Este que han solicitado su adhesión. La mayoría de los países que asistirán al Consejo Europeo de Luxemburgo, que comienza el viernes, está a favor de introducir en las conclusiones el techo del 1,27% del PIB comunitario para el nuevo marco financiero, que, en opinión del Gobierno español, es totalmente insuficiente para financiar la entrada de nuevosmiembros.

"La política agraria común (PAC) y la cohesión económica y social de los Estados y regiones desfavorecidos no pagarán en ningún caso la ampliación", señaló una fuente diplomática española.La cumbre de Luxemburgo promete ser tan intensa como la extraordinaria sobre el empleo o ]a de Amsterdan, en la que España se vio obligada a bloquear, en las últimas horas, la reforma institucional, que ha quedado pendiente. La presidencia luxemburguesa -en la persona de Jean Claude Juncker, que visitó Madrid la pasada semana- y el propio presidente Jacques Chirac -en la cumbre hispano-francesa de Salamanca- pidieron a Aznar que aceptase el techo presupuestario. Según fuentes diplomáticas, Chirac argumentó la oportunidad de fijar cuanto antes el nuevo marco financiero de la Unión Europea para evitar que éste pudiera reducirse en un futuro. Las próximas elecciones generales en Holanda, en mayo, y sobre todo en Alemania, el próximo otoño, pueden introducir como argumento electoral la excesiva contribución de estos países a las arcas comunitarias y limitar un posterior acuerdo sobre el nuevo marco financiero.

El Gobierno español no comparte en absoluto ese razonamiento, y ha puesto sobre la mesa varios argumentos. En primer lugar, defiende que no se puede fijar un marco financiero porque se desconoce cuántos países van a entrar en la UE en ese periodo, y, por tanto, no se sabe aún qué regiones van ser objeto de la ayuda comunitaria. En la lista de espera se encuentran 10 países del Este (Polonia, República Checa, Hungría, Eslovenia, Estonia, Letonia, Lituania, Bulgaria, Rumania y Eslovaquia) y Chipre. En caso de que ingresaran los 11, lo que es muy improbable en ese periodo, España ha presentado estudios sobre el impacto que tendría en la PAC -que supone el 53% del presupuesto comunitario- y en los fondos de cohesión.

2,3 billones en agricultura

Según esos estudios, el coste anual de la plena participación de los 10 países del Este ascendería, sólo en la PAC, a más de 14.000 millones de ecus (2,3 billones de pesetas), lo que supone el 0,19% del PIB comunitario. Además, sobre los fondos de cohesión -estudio aún no terminado- se calcula que el coste estaría entre los 15.000 y 32.000 millones de ecus (0,2%-0,3% del PIB comunitario).La actual Unión de los Quince utiliza entre el 1, 15% y el 1,16% del techo del 1,27% del PIB comunitario autorizado, por lo que la diferencia entre lo que se utiliza actualmente y lo que queda disponible (entre un 0,12% y un 0,11 %) sería insuficiente para absorber el impacto de las nuevas adhesiones, según esos estudios españoles.

La diplomacia española mantiene además que no existe ninguna obligación de adoptar decisiones en el Consejo de Luxemburgo sobre las políticas comunitarias y el nuevo marco financiero, ya que el Consejo Europeo de Amsterdan lo único que aprobó fue que se alcanzara un acuerdo para abrir las negociaciones con los aspirantes.

El presidente del Gobierno español, que se verá respaldado en su posición por portugueses, griegos e italianos, defenderá que el acuerdo sobre la ampliación de la UE es sufiente para dar contenido a la cumbre de Luxemburgo, que además deberá discutir otros dos temas delicados: dar una respuesta a las pretensiones de Turquía de ser miembro de pleno derecho de la UE y resolver la creación del Consejo del Euro, un órgano consultivo en el que estarán los países que entren desde el primer momento en la moneda única.

Al Consejo del Euro, defendido por Francia como contrapeso al poder del Banco Central Europeo, que gestionará la moneda única- se opone el Reino Unido, que, con Dinamarca y Suecia, ha decidido no incorporarse, en una primera fase, a la moneda común.