Sanidad tratará con el fabricante de la píldora abortiva su distribución en España

El Ministerio de Sanidad confirmó ayer que se pondrá en contacto con los fabricantes de la píldora abortiva RU-486 para su comercialización en España tal y como le ha recomendado el Parlamento mediante una proposición no de ley. Y tendrá que ser con los laboratorios franceses Exelgyn, a quien la compañía Roussell-Uclaf cedió la patente a primeros de año ante los problemas que este producto le ocasionaba por su rechazo ideológico en todo el mundo. En España sólo se ha utilizado en ensayos clínicos al inicio de los 90 con 250 mujeres en tres hospitales.

La RU-486 sólo se comercializa oficialmente en Francia, Reino Unido y Suecia. La Administración de EE UU dio el visto bueno para su entrada en el mercado, pero las presiones ideológicas sobre el producto la están retrasando. Los responsables de los laboratorios Exelgyn mostraron gran interés por conocer el texto del documento aprobado -con el voto favorable del PP- por los parlamentarios españoles. Se mostraron, además, sorprendidos: "Para nosotros es inesperado que en una asamblea dominada por conservadores se apruebe la comercialización del RU 486", explicaron ayer.El director de la compañía, Edouard Sakiz espera reemprender la fabricación y, sobre todo, la investigación: "Nuestro objetivo no es aumentar el número de abortos, sino estudiar otras potenciales utilizaciones terapéuticas de la molécula, ya sea en el campo de la obstetricia o de la anticoncepción", explicó a Le Monde.

No es ésta la primera vez que la comercialización de la píldora RU 486 pasa por el Parlamento. En 1993 los socialistas rechazaron una proposición similar a la aprobada el pasado jueves y también a instancias de IU, alegando que eran los propios laboratorios los que rechazaban su entrada en el mercado. Ahora tampoco les podrán obligar, recuerdan los nuevos gestores sanitarios. Pero dos cosas han cambiado. En el acuerdo político también han participado partidos conservadores y la negociación se hará con otro laboratorio.

Un portavoz de Rousell-Uclaf explicó que optaron por deshacerse del producto "porque era muy conflictivo para la compañía". Para Estados Unidos se cedió al organismo Population Council y para el resto del mundo a Exelgyn, quien, en estos momentos, sólo distribuye las cantidades heredadas de su anterior fabricante.

La RU-486 fue sintetizada en 1980 por los investigadores franceses D. Philibert y E. Baulieu. Su principio activo es la mefiprestona, un inhibidor de la progesterona, la hormona esencial para que se implante el embrión en el útero durante las primeras semanas de gestación.

Los distintos ensayos clínicos realizados a lo largo de la década de los 80 han mostrado que en una sola toma de tres comprimidos y dentro de las primeras siete semanas de gestación, este medicamento ha sido eficaz como píldora abortiva entre un 94% y un 97% de los casos. Normalmente se asocia a la toma de prostaglandinas 48 horas después de las pastillas para favorecer las contracciones uterinas.

El primer trabajo de investigación a gran escala se publicó en 1990 en New England Journal of Medicine y puso de relieve la escasa entidad de los efectos secundarios: una hemorragia algo superior a la de una regla normal, náuseas, diarreas en algunos casos y dolores abdominales. Hoy se sabe que requieren la aplicación de analgésicos un 50% de las pacientes.

En España se hicieron ensayos clínicos controlados desde 1989 en los hospitales Severo Ochoa de Leganés, Hospital General de Valencia y hospital del Mar, en Barcelona. En ellos participaron unas 250 mujeres con resultados similares a los descritos. Por ello los médicos responsables consideraron entonces este producto como una buena alternativa al aborto quirúrgico y menos traumático para la mujer. Los ensayos tuvieron que pararse. En un momento en que arreciaba la polémica en todo el mundo, los propios fabricantes suspendieron el suministro de la RU 486 a los centros españoles.

El acuerdo parlamentario pone como condición para su implantación en los hospitales españoles el desarrollo de un estudio sobre sus posibles efectos secundarios. Sanidad asegura que este estudio tendrá que hacerse sobre los datos que aporten los fabricantes.