Pujol aboga por que España no retrase la aplicación del Plan de la UE contra el paro

ENVIADO ESPECIALEl presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, se mostró ayer partidario de que el Gobierno español no haga uso de la cláusula que le permite aplazar a más de cinco años las medidas contra el paro aprobadas por la UE en la cumbre de Luxemburgo. Si bien precisó que ésta era una cuestión que debe estudiarse en profundidad. En declaraciones a la prensa en la capital de Argentina, Pujol rehuyó comentar la polémica entre Gobierno y oposición por la posición mantenida por José María Aznar en Luxemburgo.

Pujol constató la existencia de contradicciones en la posición española, pues mientras Aznar advertía en Luxemburgo que España se acogería a la cláusula que le permite adoptar las medidas para combatir el paro en un plazo superior a cinco años, el ministro Javier Arenas decía que podría cumplirse el plazo fijado en la cumbre. "Hay que analizar el asunto con calma, pero lo que se pueda hacer en un año que no se haga en dos", declaró.

El presidente catalán dio ayer por acabada su visita a la república argentina y emprendió viaje a Chile, donde permanecerá hasta el domingo. Ayer visitó la sede central de Telefónica Argentina en Buenos Aires y asistió a un almuerzo con los miembros de la Cámara de Comercio española. Los directivos de Telefónica Argentina (50% de capital de la compañía española) le expusieron sus problemas legales en este país. La justicia argentina tiene en estudio varios recursos presentados contra el decreto del Gobierno sobre tarifas telefónicas y contra la prórroga para tres años más de la concesión de explotación en exclusiva del servicio telefónico.

En 1990, cuando el gobierno argentino privatizó ENTEL, Telefónica y un socio norteamericano ganaron el concurso para la explotación del servicio en la mitad sur del país. Un consorcio franco-italiano (Telecom) se hizo cargo de la mitad norte, en ambos casos con carácter exclusivo en cada territorio. La concesión en monopolio compartido era por siete años, con la posibilidad de ampliarlo a tres años más. Cuando acaba de cumplirse el primer plazo, ciudadanos argentinos han presentado recursos judiciales, posiblemente en representación de compañías multinacionales que desean entrar en el mercado argentino sin esperar al año 2000. Pujol ha planteado a sus interlocutores del gobierno de Buenos Aires la preocupación de las compañías españolas por la lentitud de la justicia, que perjudica a las inversiones extranjeras.